El juicio se ha celebrado este miércoles y ha quedado sentenciado después de que Juan Francisco Trujillo haya aceptado su responsabilidad y se haya conformado con la pena solicitada por el Ministerio Público y acordada con la Abogacía del Estado y con su defensa.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal le reclamaba dos años y medio de cárcel, tiempo que ha quedado reducido a un año y medio para conseguir la conformidad con la pena y así no tener que celebrar el juicio. También se ha rebajado la cuantía de la multa de los 990.000 euros que reclamaba el fiscal en un primer momento hasta los 660.000 euros.

Por el momento, Trujillo se libra de ir a la cárcel, mientras que hará valer su declaración de insolvencia para no hacer frente a la cuantía económica de la multa y de la responsabilidad civil. Sin embargo, son más las causas que tiene abiertas y que están pendientes de juicio con lo que cada vez que suma una condena, aumentan sus posibilidades de ingresar en prisión.

Trujillo ha llegado solo a los juzgados y no ha querido hacer ningún tipo de declaración. Solo ha conversado con una abogada para cerrar un acuerdo que le permitiera rebajar las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y estar el menor tiempo posible en el banquillo de los acusados.

De esta forma, se le condena por no declarar una subvención concedida por la Junta de Andalucía, lo que supuso, tal y como sostienen los peritos de la Agencia Tributaria en su informe, defraudar unos 165.000 euros.

Este caso, investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Andújar, destapó las presuntas irregularidades cometidas por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y que fuera jefe de Trujillo desde 2002 hasta 2010.

Cuando la Policía Nacional de Jaén interrogó al chófer en su casa de la pedanía iliturgitana de Llanos del Sotillo, declaró que parte del dinero de las subvenciones recibidas se las habían gastado en cocaína, fiestas y regalos para el propio Guerrero. Trujillo y Guerrero llegaron a estar en prisión preventiva por estos hechos por orden de la responsable entonces del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

El caso arranca en 2011 cuando la Policía investigada un caso de venta de facturas falsas y sale el nombre de este vecino de Andújar. A su nombre supuestamente tenía cinco sociedades y de ninguna de ellas constaba actividad. En este marco los investigadores descubren que fue chófer de altos cargos de la Junta, en concreto, de Francisco Javier Guerrero, hasta entonces principal imputado en el caso de los ERE.

En sus declaraciones apuntó a su jefe Guerrero como el que le había dicho cómo crear empresas y luego recibir subvenciones. De esta forma, recibió de la Junta dos ayudas de 450.000 euros cada una para empresas que nunca tuvieron actividad. Precisamente, los 165.000 euros defraudados y que han quedado sentenciados corresponden a una de estas subvenciones.

El dinero de las subvenciones se lo repartía presuntamente en parte con Guerrero, bien en metálico o a través de regalos. Trujillo, según sus declaraciones, nunca tuvo que justificar las subvenciones a la Junta, pero se olvidó de que la Agencia Tributaria sí que le pediría cuentas por el dinero que había recibido y por lo que debía ingresar en las arcas públicas.