Ante la resolución de la Audiencia que publican este martes varios medios de comunicación, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Fernando (PSOE-PA) ha expresado en un comunicado su "absoluto respeto" a las decisiones judiciales, que en este caso afectan a dos empleados públicos.

Asimismo, el gobierno local ha trasladado su deseo de que las autoridades judiciales "lleguen cuanto antes al esclarecimiento de los hechos", para poder determinar "con exactitud y claridad" a los responsables de las presuntas irregularidades y que "se pueda reponer el daño causado a la situación económica del Ayuntamiento recuperando los fondos públicos".

Como se recordará, en septiembre de 2015 estaba prevista en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando la declaración como investigados de la tesorera y el interventor, si bien fue suspendida tras un recurso de apelación presentado por la Fiscalía. Según explicaron en su día a Europa Press fuentes del caso, el juzgado suspendió las citaciones "por prudencia" a la espera de que la Audiencia resolviera el recurso.

Cabe señalar que el juzgado encargado de la instrucción penal emitió el 20 de julio de 2015 un auto en el que señalaba la posible implicación de los dos funcionarios municipales. Hasta ese momento, los principales investigados eran Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas. A lo largo de la instrucción también han sido investigadas por un posible delito de blanqueo de capitales tanto la esposa como la suegra de Ruiz.

El Ministerio Público también interesó en su día que se investigara la responsabilidad de ocho miembros de una familia de origen marroquí con la que Clemente tuvo negocios comunes, por lo que entendía que pudo participar en los hechos.

Respecto a esta familia marroquí, la Audiencia Provincial sí ha atendido la petición de la Fiscalía y ha dictado una orden de busca y captura internacional.

Así las cosas, el juzgado debe fijar fecha para que la tesorera y el interventor presten declaración como investigados en el marco de este procedimiento. Quedan pendientes una serie de diligencias antes de que pueda cerrarse la instrucción y fijar fecha para la celebración del juicio.

DELITO DE ALCANCE EN LOS FONDOS PÚBLICOS

Como se recordará, el juicio contable por el robo en la caja de San Fernando se celebró a mediados de octubre de 2013, considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos cuyo principal cuantificaba en 7.665.733,92 euros -la diferencia de la cantidad inicial de 7,8 millones se derivaba de la prescripción de algunas de las responsabilidades-.

En su sentencia, el Tribunal de Cuentas estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento isleño y declaró responsables directos a Ruiz y Lebrero, a quienes condenaba a pagar al Consistorio los 7,6 millones de euros más intereses legales.

Asimismo, el tribunal declaraba la responsabilidad contable subsidiaria de los exalcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, condenando a cada uno de ellos al pago de 29.350 euros más intereses.