El Ayuntamiento de Madrid iniciará los trámites para recuperar las 1.860 viviendas sociales vendidas de forma irregular por el Consistorio a un fondo de inversión inmobiliario. El Consistorio que encabeza Manuela Carmena ha anunciado que presentará en un plazo de diez días a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la petición para declarar la "nulidad radical" del acto de venta de viviendas.

Según ha explicado este lunes la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, también presidenta de la EMVS, se trata del primer paso de un proceso que posteriormente continuaría en la jurisdicción civil si la Comunidad diese el visto bueno. De producirse lo contrario, el proceso acabaría ahí. "Es impensable que la Comunidad no otorgue esa nulidad radical una vez que estudie las alegaciones y las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en su informe definitivo", ha asegurado la delegada de equidad.

De finalizar con éxito el proceso, la empresa podría verse obligada a devolver las viviendas, por las que pagó 128,5 millones de euros, aunque el Consistorio capitalino también debería devolver lo que ingresó, unido al incremento del precio en los sucesivos años y a los daños y perjuicios solicitado por la empresas compradoras. Higueras cifró en 30 millones de euros el coste para las arcas municipales en caso de perder. Este dinero solo correspondería a las costas de un proceso que vaticinó "largo" dado que se pueden ir sumando recursos en las distintas administraciones de Justicia, hasta llegar a prolongarse "durante ocho o diez años".

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido realizar esta acciones después de recibir las conclusiones del informe jurídico realizado por el bufete de abogados Alemany, Escalona & De Fuentes que tras estudiar toda la documentación ha encontrado indicios de delito y ha analizado todos los procesos que se pueden iniciar para revertir la decisión.

Esta petición se basará en las conclusiones del 'Informe de fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. y controles realizados por las instituciones competentes ejercicios 2012 y 2013' de la Cámara de Cuentas que se hizo público en el mes de junio de este año.

El citado informe concluye que la venta se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar" siendo Fidere el que fijó el precio de la venta y que fue aceptado por la EMVS.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, la venta se realizó por un precio de 128,5 millones de euros, una cifra "inferior al valor contable de aquéllas que es de 159,3". Además, no se aplicó la normativa del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, sino que la venta se rigió por al artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid.

El informe deja claro que la gestión y la administración que se realizó de los inmuebles no fue ajustada a los intereses de la empresa municipal "por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al del Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e interesas sociales la EMVS se aparta al enajenar estas viviendas a entidades jurídicas".