El acuerdo adoptado incluye el compromiso de tomar una decisión sobre la construcción de esta línea de alta capacidad a finales de 2017, cuando la consultora IDOM-TYPSA entregue el proyecto al Ayuntamiento, junto con una propuesta viable de financiación, y se hayan aclarado otros extremos como la participación de otras instituciones -como el Gobierno de Aragón, el Estado central o la Unión Europea- o la situación financiera del Ayuntamiento. Zaragoza en Común hace hincapié en que para esta decisión se deberá tener en cuenta a los demás grupos municipales y la opinión ciudadana.

La portavoz de la plataforma municipalista, Maribel Martínez, ha indicado que Zaragoza en Común ha optado por "el sentido común, el rigor técnico y la defensa del interés público".

"Frente a quienes ya rechazaban el proyecto antes de conocer sus primeros contenidos, y exigen que cancelemos un contrato que vamos a tener que pagar igualmente, optamos por aprovechar este estudio y también el Plan de Movilidad a punto de redactarse para tomar decisiones con toda la información a nuestro alcance", ha añadido.

En fechas próximas, el grupo municipal de Zaragoza en Común se dirigirá al resto de grupos municipales para acordar los siguientes pasos a dar, entre los que se encontrarían el levantamiento de la suspensión del contrato y el inicio de un proceso participativo en el que la opinión de los vecinos de Zaragoza se sume al estudio técnico para elegir el trazado de la línea, sobre el que la consultora ha de realizar el anteproyecto y el proyecto.