Trabajadores de la fábrica de Portland abordan con la alcaldesa de Alcalá la situación del plan de valorización

  • El comité de empresa de la fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) del grupo Cementos Portland Valderribas ha mantenido este viernes una reunión en el Ayuntamiento de la localidad con la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y tres miembros de su equipo de gobierno, con el objeto de "trasladarles la preocupación de los trabajadores ante la medida tomada en el Pleno contra la paralización del proyecto de valorización energética de residuos de la fábrica, cuyo objetivo es garantizar la competitividad y viabilidad" de la planta.

Así lo han indicado en una nota los miembros del comité de empresa, que "lamentan la actitud de la alcaldesa, que por el desconocimiento del proyecto a desarrollar, sustituir unos combustibles por otros como ya se realiza en la mayoría de las fábricas de cemento y en muchos centros productivos de otros sectores en España y Europa desde hace más de 30 años, ha manifestado sus dudas al respecto".

No obstante, desde el comité apuntan que la alcaldesa "ha mantenido su actitud abierta al diálogo, ya que no quiere perjudicar a la fábrica de cemento ni es su intención engrosar la lista de parados de esta localidad", por lo que "se mantendrán reuniones de seguimiento para seguir abordando este asunto".

El comité de empresa de la fábrica de Cementos Portland Valderrivas ha comentado también que "está a la espera de mantener una reunión" con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "para solicitar su labor de mediación es este conflicto en el que hay una desinformación manifiesta, ya que un proyecto que cuenta con todos los permisos de la Junta", y "en cuya tramitación el Ayuntamiento intervino con conformidad al mismo, se encuentra paralizado por una decisión municipal sin ningún amparo técnico, poniendo en riesgo el empleo de una industria con más de 50 años de actividad".

A su vez, un grupo de empleados de Portland se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Alcalá y han manifestado su voluntad de "continuar ejerciendo acciones para cambiar esta injusta e ilegal postura que, si finalmente se decide en los tribunales y estos fallan a favor de la empresa, costaría a las arcas municipales más de 1.000.000 de euros anuales por reclamación de daños y perjuicios de la cementera".

Desde el comité subrayan que "la fábrica de cementos de Alcalá de Guadaíra aportó más de 22 millones de euros a la economía local de su entorno durante el pasado año, empleando a unos 200 trabajadores de manera directa, además de los más de 600 empleos indirectos generados".

Finalmente, avanzan que, "respecto a las falsas informaciones que se han vertido sobre la ciudadanía de Alcalá de Guadaíra, el comité de empresa está estudiando tomar las acciones legales pertinentes contra quien se posicione en contra el mantenimiento de estos puestos de trabajo utilizando datos no reales o falseando los mismos".

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