Estas personas, han recordado desde la asociación, se encuentran bajo la protección de la Generalitat ya que o no tienen familia, o ésta no puede hacerse cargo de ellos. Normalmente son atendidos en centros especializados donde se trabaja para su rehabilitación.

Estas personas reciben las ayudas de dependencia con la que pagan los servicios que reciben en los centros, por lo tanto, hasta que el usuario no recibe el pago de la prestación, el centro no cobra por toda la atención prestada. "Pues bien, estas personas no han cobrado ni una sola mensualidad en todo el año 2016, por lo que acumulan más de ocho meses de atrasos y esto ha impedido que salden la deuda que mantienen con los centros en los que son atendidos", ha denunciado Aerte.

En otros casos, las personas con trastorno mental grave reciben una PEI -prestaciones económicas individuales-, que son subvenciones para el servicio recibido y que se conceden anualmente. En este caso, la asociación ha lamentado que también se han producido "problemas" porque todavía no se han resuelto las de 2016 y, por lo tanto, también siguen pendientes de pagar. En este caso, "parece aún más grave porque el retraso no es por una cuestión económica, sino a causa de la lenta gestión administrativa que se hace y que está retrasando de una manera enorme todo el procedimiento".

Si bien los centros mantienen la atención prestada, "los casi cinco millones de euros de deuda actuales pueden acabar generando problemas financieros, ya que algunos de ellos han anunciado a sus plantillas que no podrán hacer frente a la próxima nómina. Esto está generando un ambiente que no es el más adecuado para atender a personas en esta situación", ha criticado Aerte.

La asociación ha lamentado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "lleva meses diciendo que la situación se va a resolver y que los pagos se harán de manera mensual y con la retroactividad que se haya generado, pero pasa tiempo y la situación es cada vez más grave".

Por todo ello, la Comisión de Salud Mental de Aerte ha decidido solicitar una reunión con Ana María Lanuza, fiscal decana de la Sección Civil y de Protección de las personas con discapacidad de la Fiscalía Provincial de Valencia y con el Síndic de Greuges, José Cholbi, para dar a conocer la situación que actualmente viven estas personas en situación especialmente vulnerables y que están siendo atendidos por la responsabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas que gestionan esos centros.

"En los peores años de la crisis ya tuvimos que sostener el sistema frente al abandono y los impagos de la Administración. Hoy parece que aún quedan situaciones, como las de salud mental, en la que tenemos que seguir atendiendo a la gente por profesionalidad y compromiso con las personas tuteladas que son, por cierto, con los que mayor responsabilidad tiene la administración", ha declarado el presidente de Aerte, José María Toro.