En un comunicado conjunto, los sindicatos han explicado que el citado protocolo "viene a dar respuesta a una de las situaciones que más preocupan a un empleado público: ser agredido en el desempeño de su puesto de trabajo", como han apuntado que ocurre en Puerto III y en el resto de prisiones gaditanas y españolas.

Según el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2016, existen 209.046 efectivos en la AGE, de los cuales 23.439 corresponden a la Institución Penitenciaria, lo que representa un 11,21 por ciento del total.

Han añadido que, según los documentos oficiales facilitados por la propia Administración sobre agresiones al personal penitenciario, desde el año 2005 y hasta el 31 de marzo de 2016 se habían registrado en las cárceles españolas "un total de 2.118 agresiones de presos a los trabajadores encargados de su vigilancia". De ellas, "181 han sido catalogadas como graves o muy graves por el propio Ministerio del Interior en sus estadísticas".

"MAQUILLAJE" DE LAS ESTADÍSTICAS

Por ello, han considerado que esta "exclusión" de los funcionarios penitenciarios del protocolo "va en contra de la lógica más elemental", a no ser que el objetivo sea "realizar un maquillaje de cifras eliminando de un plumazo al colectivo funcionarial más agredido".

Al respecto, han incidido en que "no tiene ningún sentido e insulta a la inteligencia" que no se incluya a este colectivo, ya que "el 65 por ciento de las agresiones a funcionarios públicos se producen en las prisiones, y el 80 por ciento de éstas se catalogan como graves".

Según han apuntado, las dos causas principales de esta "altísima concentración de agresiones" en el medio penitenciario son "un déficit de 3.000 funcionarios en Instituciones Penitenciarias" y la "elevada presencia de enfermos mentales internados en los centros penitenciarios", careciendo el personal existentes de "preparación específica ni medios adecuados" para afrontar "la peligrosidad y dificultad" que entraña.

Por último, han apostillado que su exclusión del protocolo "parece más propia de una república bananera que de una democracia avanzada en el seno de la Unión Europea", ya que "conculca principios de igualdad de trato y de no discriminación entre los distintos funcionarios de la AGE".