Broto ha comparecido este miércoles en Comisión de las Cortes de Aragón a petición de Podemos, donde ha afirmado que al llegar al Departamento, en 2015, se encontró el contrato con Intress, actual responsable de la gestión del centro, donde los trabajadores están en huelga indefinida con unos servicios mínimos del cien por cien.

El contrato "no me gusta", ha expresado Broto, quien lo ha atribuido a la "política de desmantelamiento de los servicios sociales" del PP cuyo Gobierno 2011-2015 lo elaboró para "ahorrar", primando los criterios económicos.

Sin embargo, "tengo que cumplir con él", ha reconocido Broto, quien ha hecho notar que los Educadores en Lucha emprendieron la huelga antes de la firma de este contrato. "No estoy de acuerdo con ese pliego de condiciones, ni con ese contrato, lo hubiera hecho de otra manera", ha insistido, observando que su obligación ahora es gestionarlo "de la mejor forma posible".

El Departamento ha introducido cambios, como la mejora de la gestión de las visitas, del pago de los gastos extraordinarios de los menores y la revisión de los horarios de trabajo, en el marco del seguimiento del contrato.

"No hay un problema serio, el Departamento está trabajando día a día, de verdad, con la intención de mejorar todo lo que tiene que ver con este centro", ha agregado. Ha apuntado que el año pasado se contabilizaron en Aragón, en relación a centros de menores, 60 incidentes, 18 fugas con retorno, 10 sin retorno, 25 denuncias y siete detenciones. "No queremos un centro que tome medidas punitivas", ha puntualizado.

María Victoria Broto ha subrayado que el Departamento no quiere "controlar, medicalizar, ni limitar" las comunicaciones de los internos, que "están en conflicto con la vida", sino que quiere "diseñar espacios integrados e integradores, núcleos de convivencia que se parezca lo más posible a esa familia que no han podido tener". La consejera ha pedido "cautela" para evitar que el conflicto se amplíe.

CONFLICTO

La postura de Broto ante la situación creada en el COA es "la misma que tiene Santisteve con la compañía de autobuses: tengo que exigir que la empresa cumpla". Asimismo, ha manifestado su respecto por el colectivo de Educadores en Lucha, en especial por su "tenacidad y constancia", pero ha dejado claro que "frente a la provocación hemos dado silencio, frente al hostigamiento, mucho trabajo" porque "lo que nos preocupa es que esto se convierta en un conflicto social".

Ha comentado que no han alcanzado un acuerdo con los empleados para la autogestión del centro y que estos no conocen el proyecto técnico porque no acuden a las reuniones informativas. Se ha creado una mesa técnica para estudiar la situación del COA.

También ha dicho que "estamos en línea de encontrar una solución", que se han mejorado los pliegos de condiciones, que no ha habido despidos y que las cuestiones que faltan por solucionar son el pago a los nuevos empleados y la solicitud de autogestión, que "no se puede plantear".

La titular de Ciudadanía ha señalado que el COA es "un elemento más" del sistema de atención a menores y que los profesionales, 26 contratados y 33 funcionarios, trabajan en un contexto "difícil", con un perfil de internos "complejo".

"SOLUCIONES VALIENTES"

La diputada de Podemos Amparo Bella ha alertado de que este verano se han producido "muchos conflictos y situaciones de agresividad e incidentes" en los centros de reforma e internamiento y en centros residenciales, "de una gravedad manifiesta", lo que requiere "soluciones valientes" y no "minimizar" sus consecuencias. "Parece una película carcelaria", ha lamentado.

Ha mencionado las peticiones de dimisión del director del IASS, los cambios en la dirección del COA, la "deriva" de despidos, las nuevas contrataciones y las "numerosas" bajas por ansiedad y el redoble del personal de seguridad. Ha preguntado a la consejera "si va a articular medidas eficaces" ante "esta escalada de lo que algunos denominan maltrato institucional" y si va a sancionar a Intress tras tantas "irregularidades e incumplimientos".

La privatización del servicio durante la pasada legislatura "ha supuesto un deterioro progresivo", ha continuado Bella, quien ha resaltado que los empleados no conocen el proyecto educativo y ha recordado que en lo que va de año la empresa ha acumulado cinco denuncias en la inspección de trabajo. En la adjudicación primó la oferta económica sobre la educativa, ha apuntado.

"Falta personal, un proyecto educativo, cláusulas sociales y laborales mejores, atención médica y terapéutica", ha aseverado la parlamentaria de la formación violeta, emplazando a Broto a resolver el conflicto laboral con los 'Educadores en Lucha'.

CONTRATO

La popular Ana Marín ha manifestado su sorpresa por la actitud de Broto en esta legislatura respecto de la anterior, cuando

"atacaba sin piedad al Gobierno y abanderaba las denuncias de los trabajadores del centro" y le ha preguntado por qué firmó el contrato con Intress, para negar que este sea un conflicto únicamente laboral.

La parlamentaria socialista Pilimar Zamora ha coincidido en su análisis con la consejera, aseverando que "este es un conflicto laboral" que "se desencadenó como consecuencia de la mala gestión" del Gobierno anterior, que llevó a los educadores a movilizarse. El equipo de Broto se encontró "un contrato adjudicado, difícil de cambiar".

En representación del Partido Aragonés, Elena Allué, ha destacado que su formación no estuvo de acuerdo con la licitación del nuevo contrato y ha lamentado las "tensas" relaciones entre el personal del centro y el Departamento.

Desde Ciudadanos, Desirée Pescador ha pedido a Broto que continúe el diálogo y le ha reconocido que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos, subrayando que lo importante es atender a las necesidades de los menores. Ha preguntado si la estadística de violencia ha aumentado este año y si se realizan inspecciones cada seis meses.

La diputada de IU, Patricia Luquin, que ha intervenido por el grupo mixto, ha dicho que este no es un conflicto laboral, aunque sí tenga consecuencias en este ámbito, recordando que la anterior empresa gestora, FAIM, renunció porque consideraba que las condiciones en que se había adjudicado el servicio no garantizaban el bienestar de los menores.