La Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el recurso de apelación formulado por SOMOS Sindicalistas contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital aragonesa el pasado mes de abril en el que se acordada el archivo provisional de la causa sobre el coste que supone asumir el excedente de personal para la nueva concesión del autobús urbano (AUZSA) y por la que el Ayuntamiento de la ciudad acordó abonar 2,1 millones de euros en junio de 2015.

El pago de dichos gastos lo acordó el Ayuntamiento de Zaragoza en sesión de 11 de junio de 2015, tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo y cuyo importe ascendió a 2,1 millones de euros.

Esta acción del Ayuntamiento supuso que SOMOS Sindicalistas presentara una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y de malversación a varios miembros del equipo de gobierno anterior socialista y letrados municipales.

En rueda de prensa, Pérez Anadón ha relatado que desde que se produce el acuerdo del anterior gobierno, el 11 de junio, el expediente administrativo permanece "en custodia" en contratación hasta el 1 de septiembre de 2015 y en todo ese tiempo "no fue consultado por nadie".

Del 1 de septiembre al 30 de octubre el expediente "pasa al despacho" del consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, y el 23 de octubre es el día que SOMOS Sindicato decide interponer la querella en la que "pone datos que solo había en el expediente y al que no había accedido nadie", ha reiterado.

MODO DE RELACIÓN

El portavoz socialista ha señalado que "han sido diez meses en los que el PSOE ha estado callado" al tratarse de un asunto judicializado, para subrayar que tras el archivo judicial "no soy quien para decir cómo se tienen que juzgar unos hechos del equipo de gobierno, pero sí pedir una explicación de lo sucedido y de lo que puede suceder", en referencia a otros procedimientos judiciales en curso.

Pérez Anadón ha dicho que "si ellos -ZEC- asumen sus responsabilidades, nosotros entenderemos qué voluntad tienen de cambiar este método de relación con el PSOE". Tras incidir en que el equipo de gobierno tiene que "reflexionar", ha abundado en que "según cómo respondan se verá la voluntad que tienen en seguir este modelo de relación".

A su parecer, esta querella, al presentarla por vía penal en lugar de acudir a la vía contencioso-administrativo, al tratarse de algo opinable y para lo que tenían de plazo hasta el 28 de octubre revela que "había una cierta intencionalidad".

Tras recitar varios párrafos del auto de la Audiencia Provincial en la que se desestiman los delitos que SOMOS Sindicato atribuía al anterior equipo de gobierno, también ha leído otros en los que los magistrados aplauden el trabajo realizado por los funcionarios municipales, en concreto el Interventor y el jefe de la Asesoría Jurídica por los informes previos desarrollados sobre el pago de los despidos.

MODELO DE GESTIÓN

El portavoz del PSOE ha manifestado que "quiero reivindicar el buen nombre del anterior equipo de gobierno, algunos de cuyos miembros ha sido acusado de delitos penales que la justicia se ha encargado de reponer y también la de los funcionarios que han demostrado defender a ultranza los intereses de la ciudad, que son los intereses generales".

A colación, se ha preguntado "qué intención ha habido en manchar la honorabilidad del gobierno anterior y del PSOE", para aventurar que cuando el actual equipo de gobierno de ZEC lleve más tiempo "hablaremos de la honorabilidad de unos y otros y del partido".

En la rueda de prensa también ha aludido a que ZEC quiere cambiar el modelo de gestión "por la puerta de atrás, cuando, además, es necesario el acuerdo del pleno". De esta forma se ha referido al informe que el actual equipo de gobierno ha sacado a concurso sobre las posibilidades de remunicipalizar servicios.

En tono irónico, Pérez Anadón ha dicho que es casi de adivinanza porque "externalizan un estudio para ver las posibilidades de internalización de servicios que se prestan desde fuera" con el argumento de que en el Ayuntamiento no hay personal con experiencia, cuando "ya hay ocho informes de técnicos de la casa a los que se no se quiere hacer caso a lo que dicen".

Pérez Anadón ha cargado también contra la "gravedad de utilizar la institución y someter a los funcionarios al régimen de premio o castigo siempre que abandonen su profesionalidad" y ha agregado que "se utilizan recursos de la Administración para hacer política e invalidad lo que había antes" por lo que se ha preguntado "si esto es la nueva política".

Asimismo, ha dicho que "denunciamos la pérdida de tiempo y la intencionalidad" para volver a exigir explicaciones públicas y ha instado a ZEC a que "abandonen esos métodos para comenzar a hacer una nueva política".

Finalmente, ha augurado que "puede estar cerca de la denuncia falsa" el caso de Ecociudad que "impulsó" el propio alcalde, Pedro Santisteve, al llevarlo a la Fiscalía, y que ahora el fiscal "pide el sobreseimiento" del posible delito de falsedad documental. Pérez Anadón ha opinado que "este caso tiene semejanzas con el de AUZSA, pero con la diferencia de que no es un sindicato, sino la propia corporación la que ha acudido a los tribunales".