Los grupos de CiU, C's y PP en el Ayuntamiento de Barcelona han anunciado este martes que forzarán un pleno extraordinario para que el gobierno municipal de Ada Colau avance en solucionar los problemas que genera la Ordenanza de Terrazas a restauradores y vecinos y en la modificación de la normativa en el plazo máximo de un mes.

El líder de CiU y exalcalde, Xavier Trias, ha afirmado que la aplicación de la ordenanza "se ha convertido en un desbarajuste" y que "no hay ningún criterio claro", porque en algunos espacios se minimiza la supresión de mesas, y en otros se aplica con una contundencia extrema, como en el mercado de la Boqueria, según él.

Trias ha denunciado que los resultados de suprimir este verano las terrazas de la Boqueria son "escandalosos" porque ahora "la gente se sienta en el suelo".

También ha denunciado que el gobierno municipal actúa "sin consenso político".

En referencia al anuncio que hizo el equipo municipal antes del verano de que se introducirán cambios en la ordenanza de terrazas, Trias ha afirmado: "Estamos cansados de bla, bla, bla y de que no se hagan las cosas.

Por su parte, el presidente del PP en el consistorio, Alberto Fernández, ha denunciado la "inacción municipal" y ha señalado que se sigue en la misma situación que hace un año, cuando ya se celebró un pleno extraordinario sobre terrazas, y que "se sigue sin hacer la propuesta de modificación de los artículos 10 y 11" de la ordenanza, referentes a las distancias del mobiliario urbano.

Ha apuntado, asimismo, que "de las 33 ordenaciones singulares previstas solo se han aprobado ocho".

La líder de C's en el Ayuntamiento, Carina Mejías, ha reclamado "que se haga una ordenanza que de seguridad jurídica y solucione problemas" y que "se eliminen restricciones arbitrarias en las terrazas" que no están contempladas en la normativa.

Ha señalado, además, que hay "muchos espacios en los que se dan situaciones de conflicto, como la Boqueria, la Rambla del Poblenou, el paseo Fabra i Puig o la calle Mandri".

El pleno extraordinario tiene plazo para convocarse hasta el 23 de septiembre y, en caso de que no se haga, un margen de diez días más.

El Gremi de Restauració de Barcelona también pidió este mes de agosto una solución legal y de consenso que dé continuidad a la actividad de los diferentes negocios afectados.

Además, reclamó a la regidora Gala Pin que abriera "un proceso de diálogo con los operadores afectados para evitar el despido de la cincuentena de trabajadores y trabajadoras vinculados a los negocios situados a los pórticos de la Boqueria y el cierre de las empresas".