La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la Unidad Militar de Emergencias, van a ejercitar a partir de este lunes sus capacidades en un Simulacro-Ejercicio Conjunto Combinado Región de Murcia 2018, que consisitirá en dos grandes terremotos en Murcia y Cartagena, con consecuencias en los municipios cercanos: inundaciones, riesgo químico, ambiental o de transporte de mercancías peligrosas. Pero, ¿qué riesgo sísmico tiene nuestro país y qué posibilidades hay de que pueda pasar algo parecido al simulacro aquí?

Como ocurre habitualmente con este tipo de riesgos naturales, al producirse terremotos destructivos espaciados entre largos lapsos de tiempo, no hay conciencia del posible peligro y la preparación de la población no suele ser la adecuada, lo que incluye la estricta exigencia del cumplimiento de las normas en las construcciones que, al derrumbarse, causan la mayor parte de los daños.

En España se producen anualmente alrededor de 2.500 terremotos, pero solo dos al mes son sentidos por la población. El mayor índice de peligrosidad está en el sur y sureste de la Península, en torno a Granada, la zona sur de la provincia de Alicante y las de Almería y Murcia.

Pero el riesgo sísmico es un concepto que combina aspectos como la peligrosidad sísmica (la probabilidad de que se produzcan terremotos en un determinado lugar), que se valora por un lado estudiando el catálogo de sismos ocurridos con anterioridad en una zona (información que proporciona el Instituto Geográfico Nacional); y por otro, analizando las fallas capaces de provocar terremotos. Cuando se ha constatado que han generado sismicidad en los últimos 10.000 años, se denominan "fallas activas".

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tiene en su web una Base de Datos de Fallas Activas en el Cuaternario de la Península Ibérica que constituye un magnífico inventario.

Otros dos aspectos a la hora de valorar el riesgo son el grado de exposición o posibilidad de que existan personas o bienes en esa zona y, finalmente, la vulnerabilidad de las personas y bienes que están expuestos a un terremoto en ese sitio. Con todos estos parámetros se pueden calcular los daños económicos, ambientales o sociales que causará un terremoto de una determinada magnitud y en una determinada zona, es decir, su riesgo sísmico.

Los mapas de peligrosidad sísmica suelen representarse usando zonas con el valor máximo de aceleración que sufrirá un territorio frente a un terremoto. Los geólogos y geofísicos suelen actualizar estos mapas gracias a sus continuas investigaciones, tanto del registro histórico como del geológico, y de los nuevos sismos registrados en una zona. Esta información es crucial a la hora de diseñar edificios o estructuras que resistan los terremotos.

Un aspecto que afecta a la peligrosidad son las condiciones geológicas locales, en general relacionadas con los materiales superficiales: los sustratos de roca amplifican poco las vibraciones mientras que los materiales sueltos (gravas, arenas, etc.) los amplifican mucho.

La norma sismorresistente española –que establece los criterios constructivos a utilizar en una determinada zona con frecuencia de sismos– necesita una revisión, como demostró el reciente terremoto de Lorca. Los geólogos seguimos pidiendo su urgente actualización, con los conocimientos que ahora se tienen sobre la geología ibérica, nuevas técnicas de datación y sobre riesgo sísmico.

España no tiene un extraordinario riesgo símico en comparación con otras zonas del planeta, por lo que no hay que alarmar a la población, pero hay un nivel de riesgo conocido y evaluado (Pirineos, Andalucía y Murcia, sobre todo, aunque hay riesgos menores en otras zonas).

Por lo tanto, hay que estar preparados. Para ello, el Instituto Geográfico Nacional cuenta con una Red de Alerta Sísmica temprana en coordinación con Protección Civil, pero también hay que hacer regularmente simulacros en poblaciones de riesgo, formar a la población de esas zonas y enseñar a los alumnos desde los colegios.

También hay que actualizar las normas para aplicar todo el conocimiento científico y mejorar la protección de nuestros edificios frente a los sismos; y además, exigir que se cumpla la ley del suelo, de modo que los planes de ordenación urbana incluyan los mapas de riesgos naturales, evitando construir en zonas de riesgo o, al menos, que se haga con las correspondientes medidas de seguridad.

Pero hay que hacer algo más: hay que dotar a nuestros centros de investigación, universidades y organismos especializados de más fondos para que investiguen, ya que si alguna vez somos capaces de anticiparnos a los efectos de los terremotos, será gracias a la I+D+i. Invertir en ciencia para estudiar los riesgos naturales y conocer sus efectos es, al final, salvar vidas y propiedades, e incluso ahorrar dinero.