La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha explicado que el Gobierno regional, a través de tres trabajadores sociales, realiza la labor que correspondería a una familia para todas estas personas que no tienen a nadie, ejerciendo sus derechos y haciéndose cargo de sus necesidades.

En este sentido, la consejera valora que el crecimiento de los adultos adheridos a este servicio ha sido "espectacular" ya que en el año 2003 tan sólo eran 47 las personas tuteladas por el Gobierno regional y han ido aumentando progresiva y paulativamente hasta alcanzar la cifra actual, 507.

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, que es la que se encarga de prestar el servicio, también ve incrementado sus recursos, de forma que el presupuesto de esta fundación para este año será de 433.633, lo que supone un incremento de 6.628 euros, es decir, un incremento del 1,55 por ciento.

De esta cantidad, 264.555 euros irán destinados a gastos de personal, 21.600 a gastos de funcionamiento y algo más de 142.000 a la prestación de servicios sociales, según los datos de la Consejería, que precisan que los nuevos cargos tutelares asumidos en 2015 ascendieron a 42.

Recientemente se celebró una reunión de Patronato de la Fundación para la Tutela y Defensa del Adulto en la que se dio cuenta de su memoria de actividades.

"Un dato significativo que hemos analizado en la presentación anual de la memoria de actividad de la Fundación es que se está haciendo un gran esfuerzo para que estas personas permanezcan en sus propios domicilios, prestándole toda la asistencia, jurídica, social, médica, fuera de residencias", ha señalado Tomás.

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos es una organización de naturaleza fundacional, constituida sin ánimo de lucro, que desarrolla sus actividades en todo el territorio de la Región de Murcia.

En el ámbito personal, la actuación de la Fundación se circunscribe a las personas mayores de edad residentes en la Comunidad Autónoma de Murcia, que se encuentren incapacitadas legalmente y de las que la Autoridad Judicial atribuya la tutela por carecer éstas de familia, personas o instituciones idóneas para ejercerla.

El ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos fijados por el Código Civil cuando así lo determine la Autoridad Judicial competente.

La asunción de la defensa judicial de los residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mayor de edad, sobre los que se haya iniciado un proceso de incapacitación, así como el ejercicio de cuantas funciones determine la Autoridad Judicial en medidas provisionales de defensa y autoprotección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.

El fomento y realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de los tutelados por la Fundación, facilitando recursos sociales, la atención personal del incapacitado, su cuidado, rehabilitación o recuperación.

La administración de los bienes del tutelado, actuando en su beneficio. La información, orientación y asesoramiento y asistencia a padres, familiares y otros tutores.