han exigido al Gobierno central una "moratoria" en la aplicación de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local de 2013, conocida como 'Ley Montoro', que "amenaza" con la liquidación de las empresas y trabajos públicos de ámbito local.

Esta exigencia se ha plasmado en un documento firmado este viernes en Oviedo por el presidente de la FACC,

Ignacio García Palacios, y los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y Antonio Pino.

García Palacios ha explicado que solicitan "al Gobierno en funciones" que retrase la aplicación de esta ley hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados por "más de 3.000 ayuntamientos de todo el estado español".

Las criticas a la ley están centradas, en este caso, en la aplicación de su Disposición Adicional Novena que "amenaza"

con la liquidación de "empresas municipales con "balance económico negativo", como ha sucedido en Gijón y Mieres con los requerimientos de cierre desde el Ministerio de Hacienda de empresas como las de transporte o vivienda.

Además, el presidente de la FACC ha señalado también la "preocupación existente" ante la aplicación de los coste efectivos que "puede privar" y "desapodera" a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de sus competencias en servicios "básicos" como los de "aguas, recogida de basuras, atención de las vías públicas o alumbrado".

Por otra parte, García Palacios ha considerado "sorprendente" que por parte de un "Gobierno en funciones" se quiera "aplicar esta ley en un momento tan complejo y lleno de incertidumbre a nivel político como el actual".

Los dos secretarios sindicales han coincidido en remarcar que a las empresas municipales no pueden ser valoradas "únicamente" desde el punto de vista de su "balance económico" ya que hay que tener en cuenta el "factor social" de que prestan "unos servicios públicos que hay que dar" y que el Gobierno central "menosprecia", a estas empresa y a sus trabajadores", ha enfatizado Javier Fernández.

Antonio Pino ha asegurado que detrás de esta "nueva iniciativa recortadora" del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, "se esconde el objetivo de privatizar los servicios públicos". Además, Pino ha apuntado que el Tribunal de Cuentas ya ha certificado que ofertar estos servicios es "más barato" cuando se realiza a través del sector público que del privado".

Por último, García Palacios ha anunciado que el acuerdo se remitirá a todos los concejos asturianos para que lo refrenden en Pleno Municipal y será trasladado después al ministerio de Hacienda y a la Junta General del Principado.

PLANES DE EMPLEO MUNICIPALES

A preguntas de los medios, el presidente de la FACC ha explicado que están a la "espera" de que la Intervención del Principado emita su dictamen sobre si el nuevo modelo de los planes de empleo locales acordado el pasado agosto con el Gobierno de Asturias "se ajusta a la normativa".

García Palacios ha informado de que una vez recibido este dictamen se trasladará el modelo a los 78 ayuntamientos asturianos para que cada uno de ellos, dentro de su autonomía local, decida si las garantías jurídicas son suficientes para "coger o no coger" estos planes de empleo.