En concreto, es fruto del expediente disciplinario que desde la Secretaría General se ha abierto al funcionario de la prisión Jaén II y miembro de la directiva nacional de Acaip Pablo Viedma, después de que públicamente criticase la actitud y "medidas en recursos humanos muy poco recomendables" tomadas de forma "arbitraria" por el director de este centro, Juan Mesa.

Así lo ha señalado este miércoles el presidente nacional del sindicato, José Ramón López, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al propio implicado y Antonio Hervás, delegado sindical de Acaip en la cárcel jiennense, para informar de la querella, una medida a la que, junto a este caso, se ha llegado sólo en Murcia II "por situaciones antisindicales también".

Según ha explicado, tras la publicación el pasado marzo de informaciones en los que Viedma detallaba la puesta en marcha de una recogida de firmas ante las "cacicadas" del director, éste abrió una información reservada donde "al parecer", porque aún no han tenido acceso a esa documentación, Mesa elevó a la Secretaría General "una supuesta desconsideración hacia su persona".

De este modo, a Viedma se le tomó declaración en Madrid, donde estuvo acompañado por López, que mantuvo un encuentro con Yuste. "Pensábamos que con la información reservada quedaba absolutamente cerrado y nuestra sorpresa es que hace poco tiempo, en julio, se abre un expediente disciplinario contra Pablo por este artículo", ha comentado.

EMPLEO "TORTICERO"

Ante esta situación, Acaip ha decidido interponer la querella, dado que "no se puede utilizar la ley de forma torticera, arbitraria e interesada". Ha precisado que el régimen disciplinario "lo que castiga son las conductas de los funcionarios públicos en el ejercicio de su puesto de trabajo". Sin embargo, cuando una persona, fuera de estas circunstancias, realiza "unas declaraciones como responsable sindical de una ejecutiva nacional del sindicato mayoritario y miembro de la junta de personal de la prisión bajo ningún concepto se puede utilizar".

En este argumento, según ha dicho López, se basa el primero de los delitos que se imputan, el de prevaricación administrativa. Ha añadido que tanto Yuste como Mesa "son en teoría juristas de reconocido prestigio" y "un jurista sabe perfectamente que no puede utilizar una norma para un fin diferente" que para el que se ha creado.

Ha destacado que no tienen nada que objetar a los expedientes que se puedan incoar "si te equivocas" en el puesto trabajo, algo muy distinto a que en la actividad sindical se emplee. Ha señalado, al respecto, que si cree que su honor se ha visto mancillado, debe ir a la justicia. "Si tiene algún problema, que acuda a los tribunales, pero no utilice el expediente", ha apostillado para agregar que esto último "sirve hacia los demás de miedo, de coacción".

En segundo lugar, ha aludido a un presunto delito contra los trabajadores, dado que "si sus representantes sindicales no pueden ejercer su función, los trabajadores no pueden ejercer sus derechos". A ello ha sumado un tercer presunto delito de coacciones, ya que "se pretende claramente intimidar por una actuación que no es perseguible por ese régimen", y en todo caso sería denunciable por la persona que se sienta ofendida, punto en el que ha opinado que tampoco "existe ningún ataque al honor".

"CONTINUOS ENFRENTAMIENTOS"

Viedma, por su parte, ha afirmado que esta situación nace de "los continuos enfrentamientos" de Mesa con "todos las áreas de trabajo" de la cárcel de Jaén. Ha indicado que el problema es que el director "cualquier crítica o discrepancia la lleva al terreno personal", a lo que ha unido que "no tiene ninguna experiencia en el trabajo día a día del interno en la prisión", es decir, nunca ha pisado patio".

"Eso ha provocado que algunas veces ha tomado algunas decisiones erróneas que han puesto en peligro incluso la integridad de los funcionarios", ha manifestado. Como ejemplo, ha aludido al caso de una interna del módulo de mujeres que en un momento dado mostró una "gran agresividad", por lo que la funcionaria la aisló, pero Mesa "toma la decisión de levantarle el aislamiento" y "cuando vuelve otra vez al módulo la lía".

Finalmente, López ha incidido en que "no es algo con Acaip", sino que existe "un descontento bastante amplio" entre los empleados. De hecho, ha subrayado el porcentaje "altísimo" de apoyo en la campaña de recogida de firmas del sindicato contra la gestión del director con más de 200 firmas en siete días de las aproximadamente 300 personas que forman la plantilla.