Así se lo ha comunicado el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, durante el encuentro que han mantenido este martes en la sede del parlamento regional, según ha informado la institución cameral en un comunicado remitido a Europa Press.

En el transcurso de la reunión, Pascual ha explicado a Silvia Clemente que el objetivo de la Cámara de Contratistas es que las Cortes regionales "tramiten una iniciativa parlamentaria encaminada a la supresión de dicha tasa" ya que, en su opinión, "lastra las posibilidades de desarrollo del sector".

Para ello, la Cámara de Contratistas tiene previsto mantener encuentros en los próximos días con todos los grupos parlamentarios para explicarles las "repercusiones negativas" que tiene esa tasa en el sector y solicitar su apoyo para lograr que la Junta no la incluya en los Presupuestos de 2017.

La Tasa por Inspección y Dirección de Obras Públicas es un tributo que aplica la Junta de Castilla y León a las certificaciones de las obras que lleva a cabo y que representa el cuatro por ciento del presupuesto de ejecución material de la obra.

Desde su implantación, en el año 2002, la Cámara de Contratistas ha reclamado reiteradamente su supresión al considerar que no se corresponde al pago por un servicio que el Gobierno regional preste a las adjudicatarias de obras, sino a un servicio que la administración se presta a sí misma, por lo que "no debería ser abonado por las empresas contratistas".

Pascual ha recordado que, además del desembolso económico que supone para las empresas, la tramitación de estas tasas "implica un coste burocrático tanto para la propia administración como para las adjudicatarias que no beneficia a nadie".

Por ello, ha estimado que las Tidop suponen, para todo el sector de la obra pública en la región, un "impuesto injusto" que lastra sus posibilidades de futuro del sector, que ya se ha visto "gravemente afectado" por la crisis, con la pérdida de cerca de 8.300 empresas y más de 77.000 puestos de trabajo directos desde el año 2007.

A pesar de esta situación y de que la ejecución de obra este año volverá a ser "muy escasa", las empresas de obra pública deberán abonar aproximadamente 7,6 millones de euros en concepto de esta tasa.