La concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, ha explicado en rueda de prensa que la medida parte de la premisa de que una persona que se está lucrando con el alquiler de un piso no puede desvincularse de las actividades que se realizan en su propiedad.

La iniciativa está pensada para aquellas ocasiones en las que los moradores no pueden ser identificados; por ejemplo cuando se producen quejas de los vecinos por los ruidos y las molestias derivadas de los botellones y los estudiantes no abren la puerta a la Policía Local cuando acude al inmueble.

En ese caso, el responsable solidario sería el propietario del piso, que no obstante puede facilitar a los agentes la identidad de sus inquilinos para evitar hacerse cargo de la sanción, según ha precisado el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno.

Esta medida forma parte del plan puesto en marcha con motivo del cierre definitivo del botellódromo previsto a partir del 1 de septiembre, que incluirá además de medidas educativas y de concienciación, un dispositivo especial de seguridad con participación del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Autonómica.

El objetivo de la presencia policial, que se distribuirá por los puntos calientes del botellón, es disuadir a los jóvenes de beber en la vía pública, pero también se impondrán sanciones cuando sea necesario, las cuales oscilan entre los 150 y los 300 euros.

La edil de Protección Ciudadano ha explicado que estas multas también pretenden ser una medida disuasoria a largo plazo, sobre todo en el caso de los menores de edad, puesto que serán los padres quienes tengan que afrontarlas y por tanto tenderán a controlar más que sus hijos no consuman alcohol.

Junto a ello, se harán controles exhaustivos en los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, para que no las suministren a menores ni fuera del horario establecido por ley, extremo que está penalizado y puede desembocar en el cierre del negocio.