Acuerdo
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la reunión de sus respectivas delegaciones en la que van a certificar el acuerdo de investidura. EFE

El PP y Ciudadanos han suscrito un acuerdo de investidura de 150 puntos, en el que inciden en medidas económicas, sociales, laborales, educativas y de regeneración democrática. De esas medidas incluidas en el pacto, recuerda Albert Rivera, 100 ya las firmó Ciudadanos con el PSOE.

Política laboral

Partido Popular y Ciudadanos se han comprometido a reducir a tres las modalidades de contratos de trabajo: indefinidos, de formación, y uno nuevo "de protección creciente", que tendrá una duración de dos o tres años. Además, este nuevo modelo de trabajado incluye una protección del primer año que será de 12 días, la del segundo, de 16, y la del tercero, si hubiese, 20 días. Tras su finalización, se convertirá en indefinido.

Estos contratos de protección creciente que pasen a indefinidos no pagarán cuota por los primeros 500 euros de salario, para favorecer el empleo estable.

El acuerdo también incluye una propuesta para introducir mecanismos que permitan reducir la dualidad del mercado laboral, en particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como 'mochila austríaca', mantenida a lo largo de su vida laboral. De esta manera, el trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevarla consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.

La nueva cuota reducida para nuevos autónomos pasará de 6 meses a un año, y quienes inicien un negocio pagarán sólo 50 euros al mes

En cuanto a los autónomos, en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de este colectivo y mejorar su protección social. La nueva cuota reducida para nuevos autónomos pasará de 6 meses a un año, y quienes inicien un negocio pagarán sólo 50 euros al mes.

Se permitirán cuatro cambios de base de cotización, en vez de dos como ahora, para que los autónomos puedan ajustar mejor sus impuestos a sus ingresos y se mejorará la protección social de las mujeres autónomas: se les bonificará la cuota por maternidad o riesgo de embarazo demostrado y las que se reincorporen a su actividad tras la maternidad.

Por último, se creará una Subcomisión en el Congreso para que los autónomos que no llegan al salario mínimo anual no paguen cuota.

Economía

El pacto incluye una rebaja del IRPF en dos puntos, hasta situarlo entre el 18 % y el 43,5 %, una vez España haya alcanzado el objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3 %.

En este bloque de medidas, proponen reforzar los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gasto contenidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y los mecanismos de financiación a las comunidades autónomas. De la misma manera, se comprometen a realizar una revisión integral e independiente del gasto público y reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto.

En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, se hará una revisión para que aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 devuelvan el dinero y paguen el 10 % del capital aflorado que debían pagar en lugar del 3 % que acabaron pagando.

El acuerdo contempla además la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes. Según el documento, habrá una autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.

Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética

También habrá una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios.

Igualmente, se suprimirá la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), se impulsará un Pacto de Estado por la Energía, y se aprobará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero y se apostará por la movilidad eléctrica.

En el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo, prevén fortalecer el sistema público de pensiones y proponen mejorar su transparencia, favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

Plantean establecer un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación puedan optar entre o compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena o, aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión.

Educación

El PP y Ciudadanos se han comprometido a congelar el calendario de implantación de la Lomce en todos aquellos aspectos que no hayan entrado en vigor. En el primer mes de gobierno, ambas fuerzas políticas quieren impulsar la creación de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados para alcanzar en el plazo de seis meses un pacto nacional por la educación, que cuente con el consenso de los partidos, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales.

Los dos partidos prevén aumentar las becas para facilitar el acceso a la educación de todas las personas con necesidad de ayuda y promover los programas de becas-salario y de becas de excelencia, que cubrirán tanto las necesidades del estudiante como una parte importante del coste de la matrícula.

Implantar una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública es otro de los objetivos del PP y de Ciudadanos

Otro de sus compromisos es la elaboración de un nuevo programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar, dotado con 60 millones de euros en 2017, orientado a mejorar los programas de atención a la diversidad o contratar profesores de apoyo adicionales en los centros educativos.

Entre sus propuestas, figura el desarrollo de un nuevo Plan Concilia3 de educación infantil de cero a tres años, dotado con 400 millones en 2017, para aumentar el número de plazas en escuelas infantiles.

Implantar una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública es otro de los objetivos del PP y de Ciudadanos, que quieren que en diez años, para obtener el título de grado, todo universitario deba lograr un nivel B2 de inglés.

También se proponen impulsar un programa de gratuidad de los libros de texto para las familias, a través de un sistema público de textos compartidos, con un presupuesto de 350 millones de euros en 2017.

Regeneración democrática

El acuerdo de investidura suscrito por PP y Ciudadanos incluye en el apartado de regeneración democrática la transformación del Senado en una "estricta cámara territorial" y la reducción "sustancial" del número de senadores.

El apartado de transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción incorpora todas las medidas ya selladas por PP y Ciudadanos hace unos días en el texto que dio paso al inicio de las negociaciones. Así, se fijan los compromisos de separar de forma inmediata a los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, de eliminar los aforamientos, de no conceder indultos a condenados por corrupción y de limitar a ocho años el cargo de presidente del Gobierno.  También el de reformar la ley electoral, apartado en el que el documento precisa que el PP "se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada".

De la misma forma, se incluye la creación de una comisión parlamentaria de investigación de la presunta financiación ilegal del PP.

Por su parte, en el bloque relativo al fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial, los dos partidos se comprometen a estudiar la actualización de la Constitución.