El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho este miércoles que "hay que distinguir" entre corrupción política y prevaricación, ya que esta última, "aunque sea reprobable e ilícita", no siempre implica la corrupción política, y por ello, las negociaciones con el PP tratan de definir esos dos conceptos.

En un receso de las conversaciones, Villegas ha precisado que han entrado a última hora de la mañana en el bloque de la regeneración democrática, por lo que apenas habían avanzado en este capítulo.

Ha insistido en que el pacto anticorrupción entre los dos partidos ya fue firmado el viernes, por lo que es de aplicación, y ha sugerido que podría suscribirse un pacto nacional contra la corrupción y que las ejecutivas nacionales de los partidos refrendarán esos compromisos.

Villegas ha indicado que hace unos años tanto el PP como el PSOE "no aceptaban apartar" a los imputados de las instituciones o de sus listas y ahora los socialistas si lo hacen, lo que ha atribuido a Ciudadanos.

A su juicio, que los partidos se adhirieran a ese pacto nacional contra la corrupción "daría confianza a los ciudadanos" y "se sacaría de la lucha política".

Villegas ha distinguido entre corrupción política y prevaricación, aunque esta última también sea reprobable e ilícita, y requiere la dimisión de quien incurre en ella.

Pero ha precisado que a quienes Ciudadanos quiere apartar de sus cargos institucionales son a los que se han enriquecido ilícitamente o han participado en una trama de financiación ilegal de partidos políticos, y eso es lo que han exigido también en sus respectivas negociaciones de investidura con los gobiernos de Murcia, Andalucía o Madrid.

En su opinión, si un cargo público comete fraude o delito fiscal habría que pedir su dimisión, pero no se le aplicaría el pacto anticorrupción, además de tener "consecuencias jurídicas y políticas" pero no por delito de corrupción.

Respecto a la aplicación del pacto fuera del Congreso, Senado y el Gobierno, ha explicado que no van a llevar "todas las tachas de todos los concejales" al pacto anticorrupción o al de investidura, pero "lo pediremos en su ámbito".

En rueda de prensa anterior en la sede de Ciudadanos, el secretario de Organización, Fran Hervías, ha dicho sobre el caso del diputado de Castellón Oscar Clavell que "hay que separar lo que es meter la mano de lo que es meter la pata".

Y distinguir entre los que se enriquecen y se llenan "los bolsillos de dinero público" y los que firman un documento que supone una falta administrativa.

A su juicio, en el caso de Clavell no hay enriquecimiento porque no hay desviación de fondos públicos y se trata de "un simple caso de prevaricación administrativa".

Por su parte, el PP ha aceptado la propuesta del partido naranja y extenderá a todos los niveles de la Administración, incluidos los Ayuntamientos, el pacto anticorrupción consistente en suspender a cargos públicos imputados en delitos de ese tipo, tal y como recoge el diario El País.

"Existen discrepancias sobre cuándo comienza a aplicarse, pero no sobre a quién afecta", ha asegurado Fernando Martínez-Maillo, que ha explicado el acuerdo de ambos partidos en proponer la suma al pacto de otras formaciones.

Sin embargo, la negociación ha llegado a un punto muerto de cara al acuerdo sobre el coste de las medidas. "Para firmar vamos a exigir cifras, que haya un compromiso económico", ha sentenciado el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, "no vamos a firmar meras declaraciones de intenciones", algo que se dibuja como el "mayor problema encima de la mesa".