Atentado Tailandia
El principal sospechoso del atentado con bomba al santuario Erawan, identificado por la policía tailandesa como Adem Karadag (c, frente), quien es también conocido como Bilal Mohammad; y Yusufu Mieraili (c-d, atrás) escoltados por funcionarios de una prisión en una corte militar en Bangkok. EFE

El juicio contra los dos acusados de colocar la bomba en un templo de Bangkok que mató a 20 personas e hirió a otras 125 hace un año, en el peor atentado ocurrido en Tailandia, tendría que haber arrancado este martes en un tribunal militar del país asiático, aunque fue aplazado por falta de traductores.

Los sospechosos son Mohamad Bilal y Yusufu Mieraili, identificados como uigures, la minoría musulmana de la región china de Xinjiang, e imputados en noviembre con 10 cargos, incluidos los de conspiración, asesinato premeditado y posesión de explosivos.

Denunciaron que sus confesiones realizadas durante la investigación de los hechos fueron obtenidas bajo torturaAmbos negaron cualquier implicación con el atentado del 17 de agosto de 2015 en el céntrico templo Erawan de la capital y denunciaron que sus confesiones realizadas previamente durante la investigación de los hechos fueron obtenidas bajo tortura.

Los acusados fueron trasladaos en una camioneta desde la base militar en la que están encerrados desde hace un año antes de comparecer ante tres jueces castrenses, que instantes después suspendieron la vista hasta el mes que viene por falta de traductor.

Los jueces aceptaron la petición de la defensa para cambiar el intérprete después de que el anterior, un hombre de nacionalidad uzbeka, fuera detenido en junio acusado por tráfico de drogas y haya huido al aprovechar la libertad bajo fianza. Las vistas se reanudarán el 15 de septiembre con el inicio de las declaraciones de agentes de policía como testigos de la fiscalía.

Bilal, también conocido como Adem Karadag y en cuya casa se encontraron pasaportes falsos y material para fabricar explosivos, ha sido acusado de ser el hombre que fue grabado por cámaras de seguridad mientras colocaba la bomba debajo de un banco del templo.

La Policía cree que Mieraili habría sido el que instantes después habría detonado la bomba en el recinto religioso, situado en el centro de la zona comercial de Bangkok.
En un comunicado difundido por su abogado, Bilal dijo que él era un inmigrante ilegal que intentaba llegar a Malasia para encontrar trabajo cuando la Policía hizo una redada en el piso en el que estaba escondido.

El entonces jefe de la Policía de Tailandia, Somyot Pumpanmuang, declaró cerrado el caso el 11 de febrero de 2016 sin que hasta el momento las autoridades hayan ofrecido una explicación convincente sobre el porqué del atentado. La Policía lo atribuyó a una represalia de grupos del crimen organizado por una supuesta campaña policial contra el tráfico de personas.

Un atentado lleno de interrogantes

La investigación, llena de irregularidades y declaraciones contradictorias por parte de la policía y la junta militar, alimentó varias especulaciones sobre los motivos detrás de la acción que aun no ha sido reivindicada.

Una de las teorías vinculó el ataque a la deportación un mes antes a China de un centenar de uigures que esperaban viajar a Turquía en busca de asilo, hipótesis alimentada por el hecho de que el templo es muy popular entre turistas chinos.

Las autoridades se negaron desde el primer momento a considerar lo sucedido en Erawan como un ataque terrorista, para no espantar el turismo, y rechazaron la interpretación que implicaba a la minoría uigur.

El juicio arrancó menos de dos semanas después de que una ola de atentados con bomba causara cuatro muertos y 35 heridos, diez de ellos extranjeros, en enclaves turísticos de seis provincias del sur del país.

La Policía cree que estas acciones, que tampoco han sido reivindicadas, fueron llevadas a cabo por más de 20 personas "no fichadas" de la región de mayoría malaya musulmana del extremo sur del país, donde desde hace 12 años arrecia una insurgencia separatista.

La junta militar, en cambio, las atribuyó a motivaciones políticas sin identificar y descartó la eventual autoría de la insurgencia musulmana pese a la existencia de pruebas y metodología que apuntan hacia esa posibilidad, según algunos expertos.