El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha condicionado su apoyo al Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León en el que trabaja el Gobierno Autonómico a que éste invierta 350 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el horizonte 2020.

Así lo ha señalado este lunes el portavoz de Economía del Grupo, Javier Izquierdo, quien ha subrayado la necesidad de recuperar la inversión en esta materia para dinamizar la economía regional y frenar la marcha de jóvenes y el proceso de despoblación, al tiempo que ha propuesto destinar esos fondos a aspectos estratégicos como trasladar la investigación en la industria agroalimentaria, un aspecto "muy potente" en Castilla y León.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Izquierdo ha advertido a la Junta de que "no basta" con el compromiso de invertir esa cantidad, sino que debe aportarse el importe de forma real, al hilo de lo cual ha recordado que el Ejecutivo regional ha dejado de presupuestar 427 millones para I+D+i que sí figuraban en su estrategia RIS3, por lo que ha exigido que "al menos cumplan con lo que ellos mismos aprueban".

En este sentido, se ha referido a los "desequilibrios" existentes entre los diferentes municipios de la Comunidad en cuanto al acceso a banda ancha de Internet, lo cual "lastra la posibilidad de crear empleo tecnológico" o "resta competitividad" al turismo regional castellanoleonés en la red.

Por ello, ha pedido a la Junta que se garantice una velocidad de al menos 30 megas en todos los municipios de la región y 100 en aquellos que superen los 2.000 habitantes.

MOCIONES

Estas propuestas figuran en dos mociones presentadas por el Grupo que contemplan, además, planes territoriales específicos para la reindustrialización, el abandono del 'fracking', la apuesta por el carbón y la captura de CO2, medidas de apoyo a la industria agroalimentaria, un Plan de Retorno del Talento dotado con cinco millones de euros anuales, la creación de un Instituto Financiero de Castilla y León, medidas contra la deslocalización y la especulación urbanística con los suelos industriales, pedir al Gobierno de España la derogación del impuesto al sol y de la reforma laboral.

Además, se propugna una mejoría en el marco fiscal para favorecer la reinversión y el cambio tecnológica, así como una rebaja en el tipo de interés de los créditos blandos que financian proyectos de I+D+i, entre otros puntos.

A esto se suma un propuesta de resolución en la que el Grupo Parlamentario Socialista pide que el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León elabora un informe sobre la situación de la Comunidad en el último ciclo económico -desde el año 2000- con características y contenidos similares a los informes anuales que ya redacta este organismo.

El procurador ha defendido esta propuesta para lograr una perspectiva "más amplia" del panorama económico de la Comunidad y conocer sus "problemas estructurales", que se reflejan en que "cuando España crece, Castilla y León crece a menor ritmo" y "cuando en España hay crisis, en Castilla y León se agrava", lo cual se refleja de la misma manera, a su juicio, en el mercado laboral.