Uno de los detenidos es el empresario que formalizaba los contratos y los otros cinco, trabajadores que cobraban prestaciones sociales. A todos ellos se les atribuyen los delitos de falsedad documental y fraude contra la Seguridad Social.

La investigación que ha llevado a estas detenciones se inició hace un mes después de que se supiera, por un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de la posible existencia de una empresa que desde el año 2014 no tenía actividad laboral alguna pero realizaba contratos de trabajo.

Trasa ello, los agentes corroboraron que su responsable la utilizaba para dar de alta a falsos trabajadores con la finalidad de que éstos pudiesen percibir, con posterioridad, prestaciones y subsidios sin haber abonado a la Seguridad Social las cuotas

correspondientes de las altas de los supuestos empleados.

El fraude originado a las arcas del Estado asciende, según la Policía, a 64.400 euros, en concreto, 48.000 euros por cuotas no satisfechas y 16.400 euros por prestaciones o subsidios por los "falsos" empleados.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

La Policía Nacional ha recordado que en el marco de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social que ejecuta desde hace varios años por las Unidades Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de toda España, en colaboración con las Inspecciones Provinciales de Trabajo, en Alicante se desarticuló el pasado mes de abril un grupo criminal formado por un empresario y dos intermediarios que se dedicaban a vender contratos y altas falsas con el último fin.

Además, se acusó a éstos de percibir prestaciones y subsidios y de estafar en diferentes establecimientos utilizando las nóminas falsas como acreditación de solvencia económica para financiar compras, tales como teléfonos móviles o incluso vehículos nuevos.

Igualmente y durante el mes de marzo, se procedió a la detención de cuatro personas, uno de ellos un empresario acusado de falsedad documental, tras haber estado dando de alta a falsos trabajadores generando una deuda a la Seguridad Social por el impago de las cuotas de más de 33.000 euros. Los trabajadores utilizaban esos contratos para regularizar su situación en España.