Un total de 22 civiles fueron ejecutados por la Policía Federal en un operativo realizado el 22 de mayo de 2015 en un rancho del municipio de Tanhuato, en el oeste de México, concluyó este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En una rueda de prensa sobre el resultado de la investigación del operativo realizado en el rancho del Sol, en el estado de Michoacán, en el que murieron 43 personas en total, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que hubo violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la Policía Federal.

Entre ellas, "violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria (extrajudicial) de 22 civiles", así como torturas, trato inhumano y degradante a detenidos.

La Comisión añadió que otras cuatro personas fueron privadas de la vida por el "uso excesivo de la fuerza"; una que recibió un disparo que salió del helicóptero que llegó al lugar como refuerzo; dos que se encontraban escondidas detrás de unas palmeras y otra más que falleció en el incendio que se produjo al interior de una bodega.

Respecto a 15 cadáveres con señales de arma de fuego, la CNDH "no puedo establecer técnicamente las circunstancias del deceso y el grado de participación en el enfrentamiento armado".

El recuento de víctimas mortales lo completan un policía federal y otro civil que muestra signos de haber sufrido un atropello.

La CNDH denunció la "manipulación del lugar de los hechos en cuanto al movimiento de siete cadáveres, de las armas relacionadas con los mismos, la colocación deliberada de armas de fuego que se asociaron con 16 cadáveres y la sustitución de otras". La manipulación del lugar de los hechos también fue denunciada en casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

González Pérez, quien describió el caso como "uno de los más sensibles" que ha investigado la CNDH, indicó que los agentes federales también falsearon la información sobre las circunstancias en que se desarrolló el operativo.

En cuanto a las irregularidades cometidas por los agentes de la Fiscalía de Michoacán, la CNDH mencionó que hubo errores en el protocolo de la ubicación de las víctimas en el lugar de los hechos y de los indicios balísticos, entre otros aspectos.

Además, se dieron irregularidades en 42 de las necropsias practicadas a los cadáveres de las víctimas, así como en el reconocimiento y la entrega de cuerpos de los fallecidos a los familiares.

El Gobierno mexicano no tardó en negar las ejecuciones extrajudiciales, al asegurar que hubo un "uso racional" de la fuerza por parte de la Policía Federal.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, aceptó las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero aseguró que en este caso no se configura "la hipótesis de ejecuciones arbitrarias" de 22 civiles, como sostiene esta institución.

"El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa", afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y "la respuesta fue con disparos de arma de fuego".

Señaló que la CNDH recomendó a la CNS colaborar de forma total con la investigación que sobre los hechos realice la Procuraduría General de la República (fiscalía) con motivo de la denuncia del ente defensor de los derechos humanos.

"La recomendación emitida por la CNDH será aceptada con el propósito de contribuir a que la investigación de este caso se siga de forma imparcial, sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que tienen que ser valorados en su conjunto para evitar apreciaciones aisladas y señalamientos infundados", declaró.

Asimismo, destacó que la presencia de la Policía Federal en el rancho en cuestión fue motivada por la denuncia de una ciudadana "que reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad".

Enfatizó igualmente que "en este caso, como en otros en esa región, los elementos de la Policía Federal se habían visto inmersos en situaciones de extrema violencia en el marco del cumplimiento de su deber".

También mencionó la presunta presencia en el lugar de varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, involucrado en ataques a las fuerzas federales en la región occidental de México.

Por otro lado, Sales refirió que al llegar los policías federales al rancho el día de los hechos, civiles armados que se habían resguardado en una casa y una bodega "hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad".

"En esta acción un elemento de la Policía Federal de 25 años de edad y cinco de servicio fue impactado por un disparo de los agresores y perdió la vida", recordó.

Asimismo, añadió, "el helicóptero que llegó en apoyo recibió tres impactos de arma de fuego, además de que fue amagado con un lanzamisiles".

"La actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional ante un escenario hostil, con tiradores desde diversos puntos. No creemos pues que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias", declaró.

El funcionario también objetó el uso del término "ejecución" por parte de la CNDH, recordando que en México está absolutamente prohibida la pena de muerte, por lo que no hay ejecuciones judiciales ni extrajudiciales.

Finalmente, señaló que México carece de "un marco normativo adecuado a la realidad del país en materia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".

Ello genera "posiciones encontradas, interpretaciones diversas, tanto entre los involucrados como en las resoluciones de los organismos defensores de los derechos humanos", dijo Sales, y exhortó al Congreso a legislar al respecto para que las autoridades que se vean obligadas a usar armas de fuego lo hagan "amparadas por una legislación racional".