El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria del Río (Sevilla), que indaga el presunto desfalco de varios millones de euros de las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, espera que "posiblemente" este jueves le sea entregado el tesorero de dicha entidad, Julio Mateos Palacios, quien ha sido detenido tras ser deportado por la República Dominicana, después de haber desaparecido en mayo de 2015.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que Julio Mateos fuese detenido el pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a donde había llegado deportado por la República Dominicana dada su situación ilegal en dicho país, el juzgado de Madrid al que llegó la causa se ha inhibido a favor del Juzgado mixto número uno de Coria, que indaga los hechos.

Dicha instancia judicial está "a la espera de que las fuerzas del orden le entreguen" a Julio Mateos, posiblemente este jueves, para tomarle declaración, toda vez que el detenido estaba siendo investigado por presuntos delitos de apropiación indebida agravada, falsedad documental y delito societario en el momento de su desaparición. De hecho, el mencionado juzgado de Coria incluso dictó en su contra una orden internacional de búsqueda y detención.

Tras oír su declaración, el juez instructor decidirá sobre la situación del detenido, que tiene otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción Número uno de Sanlúcar la Mayor, por un presunto delito contra la salud pública a cuenta de la comercialización de aceite adulterado desde empresas en las que ocupaba cargos.

EL CONTROVERTIDO SECTOR F

Hablamos del conflictivo Sector F de Almensilla, donde después de los no pocos problemas surgidos en torno a este desarrollo urbanístico, el presidente y el secretario de la junta de compensación formularon a finales de mayo de 2015 una denuncia contra el tesorero de la misma, Julio Mateos Palacios.

En su denuncia, recogida por Europa Press, exponían que antes de una reunión prevista para ultimar un acuerdo bancario para liquidar paulatinamente una deuda de 8,5 millones de euros, resultado de la quita de una deuda original de más de once millones, recibieron un correo electrónico del tesorero con un contenido preocupante.

"Me es muy difícil escribir esto, pero no tengo fuerzas para decíroslo ni siquiera por teléfono. He cogido dinero de la junta (de compensación) y he intentado desde enero acelerar unas ventas para reponerlo, pero no lo he conseguido. Sé que os meto en un problema, pero no tengo forma de solucionarlo ahora mismo. Escribo esto como declaración para todos los compañeros. Ahora mismo no sé que voy hacer, estoy simplemente deambulando, pensando. En fin, no sé qué deciros más, solo pediros perdón. Como podéis imaginar no tengo animo ninguno de ir a la reunión, mañana os llamo y hablamos", figuraba textualmente en dicho correo.

Tras recibir este correo electrónico, el presidente y el secretario de la junta de compensación, según la denuncia,

intentaron contactar telefónicamente con el tesorero, siendo "imposible localizarlo", con lo que formularon la citada denuncia.

Merced a los citados acontecimientos, el Juzgado mixto número uno de Coria del Río resolvió la imputación o investigación del citado tesorero de la junta de compensación, Julio Mateos; el presidente de la misma, Francisco C.M.; el auditor de la junta de compensación; el secretario, Juan Carlos A.H.; el exalcalde de Alemensilla José Carlos López (IU-CA); el exalcalde socialista Carlos Ufano; el exconcejal socialista Ismael Antonio P.F.; Jorge H.O.; Antonio G.S.; Mariano G.R.; Antonio B.R.; José L.M.; una persona más identificada como Rafael R.N. y a la propia junta de compensación como persona jurídica, atribuyéndoles en todos los casos un presunto delito de apropiación indebida.

Según la Policía Nacional, Julio Mateos se habría apropiado indebidamente de unos 2,5 millones de euros desde 2006. "Prevaliéndose de su posición, se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero", expone la Policía, según la cual "se estima que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, con un gran número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias".

Las primeras pesquisas revelaron que esta persona estaba residiendo en la República Dominicana, lugar desde donde se dedicaba a la comercialización de aceite de oliva a través de las sociedades de las que figuraba como administrador. Su situación administrativa en aquel país era de ilegal, por lo que las autoridades dominicanas procedieron a su deportación y repatriación poniendo los hechos en conocimiento de las respectivas Oficinas Centrales de Interpol Santo Domingo y Madrid, contando con la asistencia de la Agregada de Interior en el país caribeño.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ADULTERADO

El fugitivo también estaba siendo buscado por otros dos juzgados de Sevilla por un presunto delito de estafa y por un presunto delito contra la salud pública. Esta última causa se originó al detectarse que algunas de las numerosas empresas en las que ostentaba cargos mercantiles, se dedicó a la venta de aceite de oliva virgen extra adulterado que, si bien en un principio ofrecía una calidad a un precio competitivo, finalmente, y bajo el mismo etiquetado, contenía aceite de semillas o de orujo, e incluso aceite lampante -usado como combustible para lámparas- y no apto para el consumo humano.

Por estos hechos se procedió a la detención de un hermano, su hija y su yerno y se procedió a la retirada del mercado de los aceites comercializados por sus empresas. Además, a nivel policial, también le constaba una Orden de Detención y Personación interesada por Medios de Pago de la Brigada Regional de Policía Judicial de Sevilla.