El PSOE cree que la carta de Montoro es "una amenaza innecesaria" que "atenta contra la autonomía local"

  • El diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, considera que la carta que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, está enviando a muchos ayuntamientos, entre ellos los de Córdoba, Aguilar de la Frontera o Puente Genil, es "una amenaza innecesaria" que "atenta contra la autonomía local".
Antonio Hurtado
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EUROPA PRESS/PSOE
Antonio Hurtado

En una nota, Hurtado ha dicho que esta misiva pone de manifiesto "el desconocimiento" que tiene el Ministerio respecto al equilibrio financiero alcanzado en los últimos años por los ayuntamientos y sus empresas municipales tras "un importante esfuerzo presupuestario de ajustes en sus gastos e ingresos".

Por ello, el socialista destaca que "todos los requerimientos están teniendo una respuesta inmediata de las intervenciones municipales, negando la situación de desequilibrio aducida".

La carta hace referencia a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, donde se contempla el supuesto de disolución automática para finales del año 2015 de las sociedades y organismos directamente dependientes de las entidades locales que se encontrasen en situación de "desequilibrio financiero".

Según Hurtado, el ministro Montoro con esta carta pone de manifiesto "la falta de respeto a la autonomía local, la desconfianza en las intervenciones municipales y la desconsideración a la utilidad social de los servicios que prestan las empresas municipales".

Con relación a la autonomía local, el diputado socialista considera que "tanto la carta como la propia ley atentan contra la Constitución" y que "en manos del Tribunal Constitucional está en estos momentos el que sea declarada la inconstitucionalidad del articulado al que se acoge la misiva, y que obliga a los ayuntamientos al cierre de empresas municipales que tengan desequilibrio financiero".

Antonio Hurtado cree que con esta carta, Montoro también demuestra "una enorme desconsideración hacia la utilidad y el rendimiento social que supone la prestación de servicios básicos, como son el de transporte o la gestión de los cementerios" y "crea un miedo y un temor innecesario tanto entre los empleados públicos, como en los usuarios de estos servicios".

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