Fresas
Un agricultor recoge fresas. FOTO DE ARCHIVO ARCHIVO

El juzgado de lo Penal número 2 de Huelva juzgará a J.M.R., mayor de edad, para el que la Fiscalía de Huelva pide dos años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de daños en bien de dominio público y de desobediencia grave a la autoridad.

Movió tierras con maquinaria pesada, eliminó vegatación y llegó a desviar el cauce de un arroyo.

Según recoge el fiscal, el acusado realizó en su finca, que en parte comprende Monte Público Forestal de Moguer, movimientos de tierra y desmontes con maquinaria pesada, eliminando la vegetación y la arboleda (pinos y alcornoques) y afectando a unos 3.640 metros cuadrados de monte público del Ayuntamiento de Moguer.


El Ministerio Público señala que el acusado llegó a derribar parcialmente mojones delimitadores del monte público, incluso cambiando el cauce de parte del arroyo 'Cañada del Tresmadal', tirando a él los tocones de los árboles arrancados y rellenándolo para adaptarlo a la cota de la zona agrícola transformada.

El fiscal indica que todas estas actuaciones las llevó a cabo el acusado desde noviembre de 2004 con el objetivo de obtener beneficios económicos, para lo que destinó la finca a usos agrícolas (plantación de fresas), algo prohibido por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) así como por la legislación estatal y autonómica de Montes.

El acusado, de forma consciente, incumplió la orden de paralizar los trabajos a pesar de los requerimientos oficiales.

En este sentido, la Fiscalía especifica que todo ello "ha ocasionado graves daños" desde la perspectiva de su naturaleza forestal, daños que han sido objeto de tasación pericial por un asesor técnico de Medio Ambiente, que los calcula en unos 3.762 euros por la afectación al suelo y en 20.150 euros por lo acaecido en el arroyo.

Ante tales hechos, la Delegación Provincial de Medio Ambiente inició expediente sancionador y acordó la paralización inmediata de los trabajos, pero el acusado, "de forma consciente y voluntaria y con el fin de iniciar la producción agrícola y obtener beneficios económicos con los que poder sufragar las sanciones económicas que sabía se le iban a imponer", incumplió la orden de paralización y prosiguió con los trabajos "a pesar de los requerimientos hechos por agentes de Medio Ambiente y de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta".

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