Un matrimonio británico y sus tres hijos han sido detenidos por regentar desde hacía 8 años una residencia ilegal de ancianos en Castalla (Alicante), a los que cobraban 500 euros semanales.

Según la Guardia Civil, esta residencia se hallaba en una vivienda unifamiliar situada en una urbanización de esta localidad del interior de la provincia alicantina y fue desmantelada este martes dentro de la operación Alten.

Para captar a sus residentes, todos compatriotas, la familia ofrecía comisiones de 500 euros por cada anciano, a los que posteriormente les cobraban cuotas por residir de hasta 500 euros a la semana.

Toda la actividad económica de la empresa era llevaba a cabo en metálico, eludiendo impuestos, de manera que las tres personas que trabajaban en el lugar (aparte de la familia británica) carecían de Seguridad Social y de cualquier tipo de titulación que les habilitara para esas labores geriátricas.

La entrada y registro del inmueble se ha realizado junto con responsables de los Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, y se comprobó que la casa no estaba acondicionada para una correcta asistencia de los mayores.

Se han detectado irregularidades como alimentación inadecuada, suciedad en las instalaciones, insuficiente espacio e inexistencia de baños adaptados. Además, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que uno de los ancianos tenía su habitación en un almacén anexo a la vivienda donde los presuntos autores guardaban material sanitario, mobiliario e, incluso, maquinaria.

Del mismo modo, se descubrió que la vivienda tampoco contaba con extintores, puertas de emergencia, plan de evacuación ni las medidas que regulan este tipo de establecimientos en caso de emergencia, lo que suponía un grave riesgo para la seguridad de los moradores. Por las noches se bloqueaban con sillas las habitaciones de los residentes para impedir que salieran.

Según la Guardia Civil, los detenidos administraban medicación a los ancianos de forma irregular ya que ninguna de las personas que atendía a los residentes poseía de titulación sanitaria. Los fármacos se encontraban almacenados al alcance de todos, de manera que cualquiera podía acceder libremente a ellos sin control.

En el momento del registro estaban en el domicilio los cinco miembros de la familia y tres residentes, y familiares de éstos últimos, todos británicos, han manifestado que en algún caso hacía un año que estaba ingresado en ese centro.

Se ha tenido conocimiento de que hace poco falleció uno de los residentes, y en el operativo se han incautado documentos que acreditan la gestión del establecimiento ilegal, tales como cuotas cobradas, sueldo de los empleados y horarios.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial imputados por los supuestos delitos de intrusismo profesional, estafa, contra la salud pública y delincuencia organizada.