Según ha informado este miércoles en un comunicado la Comandancia provincial, el geriátrico ilegal se encontraban en una vivienda unifamiliar, en una urbanización de Castalla, donde se detectó que había una alimentación "inadecuada" para los residentes, todos ellos británicos, suciedad de las instalaciones, espacio insuficiente, sin baños adaptados para atender las necesidades específicas de los internos y sin medidas de seguridad.

La investigación se ha prolongado durante dos meses tras los que este martes se desarrolló la operación Alten en la que resultaron detenidos todos los miembros de una familia que desde hace ocho años regentaba una residencia ilegal de ancianos.

Para captar a sus residentes, los gerentes ofrecían comisiones de 500 euros por cada anciano, a los que posteriormente les cobraban cuotas por residir de hasta 500 euros a la semana. Toda la actividad económica de la empresa era llevaba a cabo en metálico para evitar el pago de impuestos.

Además de los cinco miembros de la familia, en el geriátrico ilegal, trabajaban tres personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y que no poseían ningún tipo de titulación que les habilitara para las labores que desarrollaban.

En la entrada y registro, los Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana comprobaron que la vivienda no estaba acondicionada para una correcta asistencia de los mayores. Las irregularidades que se cometían han sido numerosas y de "gravedad", como que la alimentación era "inadecuada", suciedad de las instalaciones, espacio insuficiente y sin baños adaptados para atender las necesidades específicas de los internos.

HABITACIÓN EN UN ALMACÉN

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que uno de los ancianos tenía su habitación en un almacén anexo a la vivienda donde los presuntos autores guardaban material sanitario, mobiliario e incluso maquinaria.

Por otro lado, la vivienda tampoco cuenta con extintores, puertas de emergencia, plan de evacuación, y medidas que regulan este tipo de establecimientos en caso de emergencia, poniendo de este modo en "grave riesgo" la seguridad de los moradores. Por las noches se bloqueaban con sillas las habitaciones de los residentes para impedir que salieran de ellas.

Además, los presuntos autores administraban medicación a los ancianos de forma irregular. Ninguna de las personas que atendía a los residentes poseía titulación sanitaria. Los fármacos se encontraban almacenados al alcance de todos, de manera que cualquiera podía acceder libremente a ellos sin control.

En el momento de la entrada, la Guardia Civil halló en el domicilio a los cinco miembros de la familia y a tres residentes. Los familiares han manifestado que alguno de ellos llevaban un año en ese falso geriátrico. Todas las víctimas eran de nacionalidad inglesa y se ha tenido conocimiento de que hace poco falleció uno de los residentes.

Los agentes se han incautado de documentos que acreditan la gestión del establecimiento ilegal, tales como cuotas cobradas a los pacientes, sueldo de los empleados y horarios. Los detenidos y los efectos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.