El representante del Gobierno autonómico ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto al director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, y el copresidente de Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, Fernando Corral, en el pabellón del Principado de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), para explicar las medidas adoptadas.

El objetivo, en palabras de Blanco, era "regular el sector para que entrase a competir en igualdad de condiciones", para así "evitar la competencia desleal" y "garantizar la calidad y seguridad del alojamiento".

Las viviendas que ofrezcan alojamiento turístico necesitarán publicar el número de registro que se les haya sido asignado a tal fin en las ofertas que difundan. Aquellos pisos que se quieran destinar a alojar turistas tendrán que conseguir un permiso por parte de la comunidad de vecinos si los estatutos prohíben expresamente este uso no residencial.

Por otro lado, las facturas deberán incluir todos los datos que exige la normativa que regula este ámbito, deberá existir un seguro de responsabilidad civil, un régimen claro de cancelaciones y una tarjeta de admisión en la que se detallen las personas que se encuentran en el edificio, a modo de contrato. Las sanciones por incumplimientos del decreto oscilan de los 60 euros al cierre del establecimiento.

Corral ha especificado que el debate en torno a esta cuestión comenzó hace año y medio, con la finalidad de "trabajar en la normalización de una actividad que está causando muchísimos problemas a nivel internacional y en muchas zonas costeras en España".

El copresidente de Otea ha explicado que la alegalidad anterior provocaba que no se pudiese actuar plenamente para paliar la situación. "El abanico de problemas era teremendamente grande", ha denunciado.

El representante ha recalcado que "el espíritu de la norma no es impedir que quien tenga una vivienda vacacional la dedique a un uso turístico, sino que esa parte del uso turístico tenga una regulación y un control, sobre todo por motivos de normativa de seguridad y de fiscalidad".

El decreto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).