Los principales investigados, dos hombres de nacionalidad española de 23 y 33 años, a quienes atribuyen también un delito de falsedad documental y otro contra la administración de justicia, captaron al resto de los arrestados y les facilitaron documentación fraudulenta para llevar a cabo la trama.

Así, los investigados adquirieron cuatro terminales de última generación valorados en 3.587 euros, en una gran superficie de la capital malagueña, según han informado desde la Policía Nacional a través de un comunicado.

Los agentes tuvieron conocimiento de cómo dos chicas jóvenes habían sido captadas por dos hombres para la adquisición de teléfonos móviles de alta gama. Para ello los presuntos captadores les habían hecho entrega de la documentación que necesitarían para financiar las compras.

Según las indagaciones policiales, las investigadas consumaron la compra de cuatro terminales de alta gama en una gran superficie de la capital, constatando los agentes cómo las supuestas clientas presentaron las nóminas fraudulentas para cerrar la financiación de tales operaciones. Así obtuvieron teléfonos por un valor total de 3.587 euros, efectos que fueron entregados con posterioridad a los presuntos cabecillas de la trama.

Los agentes descubrieron, además, que con nóminas idénticas a las utilizadas por las investigadas se habían realizado tres intentos de compra en comercios por parte de dos hombres, distintos a los principales investigados, que también fueron captados para la comisión de las estafas. En estos casos las operaciones fueron denegadas por las entidades financieras, que detectaron alguna irregularidad en el proceso.

Los investigadores determinaron que las personas que llevaban a cabo las compras de los terminales eran presuntamente víctimas de la propia trama, además de partícipes en la misma. Al parecer, recibieron amenazas para que continuaran con la actividad delictiva al haber contraído una supuesta deuda por la entrega de la documentación.

Además, una vez que la autoridad judicial tuvo conocimiento de los hechos, los precursores de las estafas contactaron con sus socios, partícipes en la adquisición de los teléfonos móviles, y presuntamente les intimidaron para que cambiasen su declaración en sede judicial.

Los seis investigados fueron arrestados por su presunta responsabilidad en un delito de estafa. También los supuestos dos cabecillas también lo fueron por su presunta implicación en un delito de falsedad documental y en otro contra la administración de justicia. Las diligencias policiales ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.