En un comunicado, la Diputación de Sevilla ha defendido que esta propuesta de estatutos del futuro consorcio "es un éxito del grupo de trabajo desde el que estamos diseñando el órgano supramunicipal responsable de la gestión de los bomberos, ya que es fruto del debate y del consenso y, sobre todo, porque supone un decisivo avance en la seguridad de la ciudadanía de la provincia ante la prevención y resolución de emergencias". Dicho grupo de trabajo está formado por responsables de todos los grupos políticos representados en la Diputación, alcaldes cuyos municipios cuentan con parques de bomberos y técnicos del sector.

"A finales de julio, los integrantes de este grupo de trabajo dictaminaron de conformidad la propuesta de estatutos para el futuro consorcio, que enviaremos a los grupos políticos de la Diputación, para su conocimiento, y a los alcaldes y alcaldesas de la provincia para que lo analicen y puedan realizar aportaciones. En septiembre próximo, el plenario de la Diputación aprobará los estatutos ya conformados y el convenio fundacional del consorcio, que tendrá que ser igualmente ratificados por los plenarios de los municipios que deseen adherirse a dicha entidad", explica Trinidad Argota, diputada portavoz del Gobierno provincial.

Según asegura la portavoz: "Nuestro objetivo es que el 1 de enero de 2017, el consorcio esté en funcionamiento y, para ello, paralelamente al trabajo de la mesa política, estamos diseñando el (nuevo) Plan Director de Bomberos, el instrumento que planificará la acción de los bomberos, fijará los recursos y creará el marco de la infraestructura para el consorcio, un plan que el pleno provincial conocería en octubre y que contaría con las participación de todos los actores y actrices que deben implicarse y tienen algo que aportar en este tema".

En los estatutos del consorcio se recoge que la Diputación, a la que corresponden las competencias en el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes, aportará más del 50 por ciento de los recursos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. En su composición, se favorece por una parte la participación de ayuntamientos mayores y menores de 20.000 habitantes, a fin de que los consistorios participen plenamente en el desarrollo de las acciones de prevención y resolución de las emergencias en la provincia, y, por otra, la presencia de órganos consultivos y de asistencia técnica. Se trata de poder oír, en la toma de decisiones, la voz de los profesionales del sector y de la propia ciudadanía.