El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha dado la razón a la UGT-PV y ha anulado una orden de Bienestar Social por la que concedió ayudas para financiar programas de formación ocupacional para mujeres. El motivo: la Conselleria «no respetó el procedimiento legal previsto», según fuentes sindicales. En concreto, estas ayudas no pasaron por el Consejo Valenciano de Formación Profesional, como marca un real decreto.