Desde el momento que se entra a vivir como inquilino a un piso de alquiler existe un plazo de 6 meses para reclamar lo que se conoce como saneamiento del piso. Es decir, el arreglo o la reparación de cualquier elemento que esté defectuoso. Después de todo, el inquilino tiene derecho a que la vivienda que pasa a ocupar sea “perfectamente” habitable.

Vistos los defectos y puestos a su reparación, puede ocurrir que no se llegue a un acuerdo con el propietario sobre quién debe asumir los costes.  En ese caso, como explican desde el Colegio de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, la solución oficial es encargar un dictamen pericial sobre la vivienda en alquiler.

El dictamen lo realiza un técnico profesional especializado en el ámbito de la construcción. En el dictamen, el perito detallará los daños o defectos del piso. Figurarán la descripción de la vivienda, las estancias y el resto de características técnicas. Además de los planos adjuntos, el informe de inspección también contendrá la descripción de los muebles y los electrodomésticos, y su funcionamiento.

El técnico que se desplaza al piso realiza pruebas, mediciones, recoge datos y hace fotografías. Todos estos elementos se incluirán en el informe final. Cuando finalice, elaborará dos copias que se anexarán al contrato de alquiler. El dictamen pericial se debe entregar antes de firmar el contrato de alquiler para que el propietario y el inquilino tengan acceso al documento antes de establecer el acuerdo. Las dos partes han de firmarlo.

El dictamen fijará los procesos de reparación y sus costes. El límite máximo al que está obligado el propietario en el ámbito de las reparaciones es el estado de ruina del inmueble. Sólo en el caso de que la vivienda necesite una reconstrucción total, el dueño no deberá asumir los costes.

El documento elaborado por los peritos también le servirá como ayuda al propietario en el momento que su inquilino abandone la vivienda para calcular los daños ocasionados durante el plazo en que se ha alquilado la casa. Este informe se puede usar como prueba en un hipotético proceso judicial.