Según ha informado el PSE-EE, los informes de todos los técnicos municipales coinciden en que el pago corresponde a la promotora Arcona Ibérica, quien se encuentra en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) pero dispone de un gran activo para hacer frente a sus deudas. Según evidencia el Administrador Concursal de la compañía, el patrimonio de la empresa asciende a 37,7 millones de euros y sus deudas con diferentes compañías y particulares (intereses incluidos) están estimadas en 9,7 millones.

"La responsabilidad del Ayuntamiento no es solidaria, sino subsidiaria, y el acreedor no puede elegir deudor. La figura de la responsabilidad subsidiaria funciona así; primero debe hacer frente al pago Arcona Ibérica, que es quien está obligado a ello y además dispone de un activo importante: 37,7 millones de euros. No es insolvente", ha advertido la portavoz socialista, Ana Belén Quijada.

El Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) recogía que ese suelo fuese destinado a Viviendas de Protección Oficial (VPO), siendo aprobado en el Pleno en 1999 por PSE-EE, PNV y PP. El objetivo era lograr una ciudad "más habitable, vivienda más asequible y una oferta de suelo para la actividad económica que permitiera la generación de empleo", ha recordado.

El Plan permitió la recuperación de espacios privados para devolverlos a los ciudadanos en forma de vivienda protegida, equipamientos culturales y espacios verdes. "Lo que era de unos pocos, después de la intervención pública, se hizo de todos", ha manifestado Quijada.

La iniciativa partió del Partido Socialista en los años 90, que llevó a cabo un proceso de participación en todos los barrios. "Muestra del consenso que obtuvo fue que no se presentó ninguna alegación de un particular a los proyectos planteados", ha destacado.

El resultado de ese Plan es una ciudad transformada urbanística y socialmente con 1,5 kilómetros cuadrados de nueva zonas verdes (Jardín Botánico Ramón Rubial, borde de la Ría, Parque Munoa, Hayedo de San Vicente), un 70% de vivienda nueva protegida y recuperación de espacios para la actividad económica (Beurko, Kareaga), entre otras mejoras.

DEFENSA DEL INTERÉS COMÚN

La edil ha precisado que "sí hubo alegaciones a título individual defendiendo sus intereses particulares. En su momento se escuchó a todos y todas y se intentó conciliar en lo posible los intereses individuales con el interés común, en beneficio del conjunto de los barakaldeses y barakaldesas".

"Podemos confirmar que no ha habido ninguna sentencia vinculada al urbanismo consecuencia de una mala gestión. Lo que ha habido son expropiaciones a propietarios privados que disponían de importantes parcelas de terreno", ha explicado.

En este sentido, ha considerado "legítimo" que al que se le expropia un terreno quiera obtener el máximo beneficio, "pero también es legítimo que el que paga (además con dinero público) busque hacerlo al menor precio posible".

"Teniendo en cuenta la macro actuación que se hizo en Barakaldo sobre miles de metros cuadrados de terrenos, muchos de ellos de propiedad privada, entra dentro de lo que podía suceder. Desde luego si nada haces, nada pasa. También ha habido muchas sentencias que han dado la razón al Ayuntamiento de Barakaldo", ha explicado Quijada.