Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha mostrado este viernes su confianza en ganar la "pugna" judicial que rodea a la iniciativa promovida por la planta cementera de Portland Valderrivas, enclavada en Alcalá, al pie de la autovía A-92, para incinerar derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

Mientras la empresa estudia posibles acciones legales contra el reciente acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Alcalá, que ha aprobado provisionalmente la modificación puntual de sus normas urbanísticas emprendida en 2015, para establecer unas "distancias mínimas" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable", Francisco Gavira, portavoz de Alwadi-ira, ha recordado a Europa Press las acciones legales emprendidas de su lado por los ecologistas.

Y es que recientemente, los ecologistas formalizaban por la vía Contencioso Administrativa su impugnación a la modificación de la autorización ambiental unificada (AAI) de la empresa cementera, una modificación aprobada por la Junta de Andalucía y que permitiría a la compañía la incineración de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

"Esa autorización ambiental unificada tiene un montón de fallos, carece de importantes documentos y tenemos discrepancias sobre los valores límite de emisión", ha manifestado Francisco Gavira, quien expone que los ecologistas cuentan con "fundamentos muy sólidos" e informes periciales, para pensar que su impugnación puede derivar en la "anulación" de la citada modificación de la autorización ambiental unificada de la cementera. "Esperemos que a nivel judicial, ganemos esta pugna", ha manifestado Francisco Gavira.

Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta contará con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dicen los ecologistas, que avisan de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

RESTRICCIONES PREVIAS

Al respecto, el pleno de Alcalá aprobaba recientemente, de modo provisional, una modificación puntual de las normas urbanísticas de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con efectos en el artículo 310 "y otros". El expediente en cuestión, recogido por Europa Press, expone que el 20 de junio de 2014, el pleno acordó "formular una modificación puntual del PGOU, al objeto de regular la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo", aprobando "la suspensión por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".

Ahora, la nueva modificación pretende regular "las condiciones de compatibilidad aplicables al uso industrial, referidas a las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo y la determinación de distancias mínimas respecto de zonas de suelo urbano o urbanizable, de uso global residencial". "Se propone la modificación del artículo 310, que señala los requisitos que deben cumplir determinadas actividades industriales para que puedan ser consideradas compatibles con otros usos, introduciendo un nuevo apartado que establezca que las actividades de valorización energética de residuos mediante su incineración sólo se autorizarán cuando se sitúen a más de dos kilómetros de suelos residenciales", figura en el "informe técnico" del expediente.

UN AÑO MÁS

Igualmente, esta modificación puntual del PGOU relativa al "artículo 310" sobre la "implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo" implica además "la suspensión por plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".

La empresa Cementos Portland, de su lado, expone que prevé invertir dos millones de euros en implementar en su fábrica un sistema de valorización energética de residuos, aspecto que tienen 28 de las 33 plantas que la cementera tiene en España. La compañía justifica esta medida en "el abaratamiento en los costes de producción" y augura una mayor actividad económica fundamentalmente en la comarca, "contribuyendo al desarrollo del sector del reciclaje".