En una rueda de prensa, la popular ha criticado que en dicha oficina "no se aportan soluciones para las familias", puesto que "solo las atienden" y mientras, ha agregado, "los recursos van a contratos menores de dudoso interés social e innecesarios para la prestación de servicios, que se pueden hacer a través de lo público".

Al respecto, ha señalado a un pliego para un contrato menor para un servicio de asesoramiento de pobreza energética por 16.000 euros con un plazo de ejecución de cinco meses, cuando, según ella, "se podría haber hecho con coste cero a través de la Agencia Provincial de la Energía", a la vez que ha citado el gasto de "21.000 euros para un servicio de mudanza y guardamuebles en la oficina".

En este sentido, ha advertido de que "mientras los desahucios en España y Andalucía descienden, en Córdoba han aumentado un 4,3%", y en este caso, ha subrayado, la Oficina en Defensa de la Vivienda cuenta con 211.000 euros en gasto de funcionamiento y unos 300.000 euros en gasto de personal.