Se trata de que los jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de protección y que al cumplir la mayoría de edad, terminan la tutela o guarda administrativa tengan, por un máximo de 36 meses, una prestación económica temporal que les facilite vivir de una manera autónoma y puedan integrarse gradualmente en la vida social y laboral, ha indicado el Govern en un comunicado.
Esta prestación económica está contemplada en la Ley 7/2015 que establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma y forma parte Plan Estratégico de Autonomía Personal de los Jóvenes con Medida Administrativa que contempla pisos de emancipación, servicio de acompañamiento, familias de apoyo y medidas de integración laboral.
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