En un comunicado, la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), de la que es miembro la Asociación de Hostelería de Castell-Platja d'Aro, ha anunciado que su intención es pedir para las acusadas "la pena más alta prevista en el Código Penal" por desórdenes públicos que, según ellos, podría llegar a los seis años de cárcel.
"Hechos tan graves como estos no pueden dejar de ser castigados atendiendo a los graves daños y perjuicios que se han causado a la imagen turísticos de la localidad", ha valorado el presidente de la Asociación de Hostelería de la localidad, Jordi Díaz.
Díaz ha insistido en que las monitoras deben saber que, después de los atentados de París y Niza y ciudades turísticas "no se puede causar el pánico en zonas concurridas simulando disparos o un estado de alarma".
En la misma línea, el secretario general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha considerado que no se puede permitir "que hechos como estos vuelvan a suceder, ya que se echa por tierra todo el trabajo hecho en materia de civismo y convivencia".
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