En nota de prensa, CSI-F recuerda que "en su momento" llevó a cabo "numerosas movilizaciones y recursos" en Extremadura por lo que consideraba una "ley discriminatoria que conducía a la privatización de la Justicia".

Ahora "el tiempo ha dado la razón al sindicato", ya que según señala en nota de prensa, la reducción de los asuntos que llegaban a los Juzgados extremeños ha rondado el 30 por ciento en ambas provincias (35% en Cáceres y 30% en Badajoz).

Un descenso que se ha producido "no porque no tuvieran entidad los procedimientos a iniciar" sino porque "la mayoría de los ciudadanos no podían pagar el coste de todo el proceso judicial y más si se planteaba la posibilidad de recursos".

Esta reducción de casos "obligada por el pago de las tasas judiciales" ha tenido como resultado la "liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de cientos de ciudadanos extremeños que no podían hacer frente a los gastos judiciales".

Además ha supuesto una "merma muy importante del servicio público de Justicia", señala CSI-F.

Para el sindicato, la agilización de la Administración de Justicia en nuestra región "no se puede conseguir con barreras económicas sino con una transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz implantado nuevas formas de organización y dotándola de los medios necesarios".

En ese sentido, el sindicato considera que "con carácter urgente" se deben crear un mínimo de siete juzgados nuevos en la región, cuatro de ellos en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres.

En concreto, según señala CSI-F, en la provincia de Badajoz se trataría del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 5 de Mérida, del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Badajoz, del Juzgado de lo Penal número 3 de Badajoz y del Juzgado de lo Social número 5 de Badajoz.

Mientras, en Cáceres reclama la creación del Juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Navalmoral de la Mata y del Juzgado de lo Mercantil de Cáceres.

Asimismo, en cuanto a la plantilla judicial de los órganos del territorio, CSI-F considera necesario su incremento en determinados puntos a los que ahora se tienen que atender con la contratación de funcionarios de refuerzo.

Finalmente, CSI-F lamenta que se "haya tardado tanto tiempo en declarar la inconstitucionalidad" de esta ley y que no se devuelvan las tasas aplicadas, ya que "el fallo solo tendrá efectos para los procedimientos nuevos y para aquellos en los que no haya recaído sentencia firme".