En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, explicó que este estudio responde a que existen estadísticas "muy dispares" para los hogares afectados por la pobreza energética en Canarias, que van desde el 15 hasta el 8%.

Las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, indicó el comisionado, serán las beneficiarias de estas acciones para paliar situaciones de pobreza energética y, entre ellas, estarán incluidas familias sin ingresos o con muy escasos ingresos y con menores a su cargo, perceptores de prestaciones no contributivas, personas mayores de 60 años o familias numerosas.

La propuesta establece un protocolo con las comercializadoras de energía más representativas, que evite que éstas puedan aplicar el corte por impago cuando afecte a un hogar vulnerable así considerado mediante informe de los servicios sociales municipales.

Plantea también ampliar las ayudas de emergencia social y la puesta en marcha de un programa de Formación y Empleo, Rehabilitación y Eficiencia Energética, destinado a viviendas de protección oficial y comunidades con el que, además de aliviar los efectos de la pobreza energética, se generen nuevos puestos de trabajo.

Entre otros aspectos, se pretende modificar la instrucción para eliminar los costes que entraña el cambio de titularidad de los contratos de suministro eléctrico, uno de los obstáculos para que los usuarios se puedan acoger al bono social de los hogares más vulnerables, y plantea el desarrollo de un nuevo por el Plan Renove de Electrodomésticos.

También insta al Gobierno del Estado a que reglamente la definición de los consumidores vulnerables, incluya todas las bonificaciones a los hogares vulnerables y los impagos y la puesta en marcha de un programa de Formación y Empleo, Rehabilitación y Eficiencia Energética, destinado a viviendas de protección oficial y comunidades.

Por parte de la Consejería de Sanidad, el documento propone que se establezca un protocolo para evitar el corte por impago en el caso de los pacientes a los que se aplique tratamiento médico domiciliario en los que se utilicen aparatos de consumo eléctrico.

La propuesta plantea, además, la firma de un convenio entre las principales comercializadoras y el Gobierno de Canarias que recoja, entre otras cuestiones, un programa de rehabilitación de las instalaciones eléctricas de las viviendas para los hogares con menos recursos, prefinanciado por las operadores, o la elaboración y difusión de guías prácticas de ahorro energético.

A su vez, propone el lanzamiento de una campaña informativa y divulgativa del Bono Social, financiada por las comercializadoras. Además, se pretende comprometer a las mismas a sufragar los costes de elaboración de un diagnóstico exacto de la situación actual de la Comunidad Autónoma en esta materia.

Establece, asimismo, la colaboración entre las principales comercializadoras, los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, determinando el flujo de información mensual en materia de pobreza energética a nivel local y anual al Ejecutivo canario, particularmente, de los colectivos más vulnerables, tanto al área de Industria y Energía como al de Políticas Sociales.

Por último, se insta al Gobierno del Estado a que apruebe el reglamento que ha de desarrollar la aplicación del Bono Social,

ampliando los supuestos de aplicación del mismo adaptándose a la coyuntura actual. En Canarias, según explicó el comisionado, existen unos 120.000 personas que no están acogidos a esta bonificación a pesar de tener derecho a ello.

Al mismo tiempo, se insta al Estado que incluya todas las bonificaciones a los hogares vulnerables y los impagos (evitando el corte de suministro) en la 'factura eléctrica', tal y como se hace para las subvenciones a las renovables u otra medida que garantice tales bonificaciones.