Seguridad en Brasil
Fuerzas de seguridad de Brasil vigilan el recinto olímpico en Río de Janeiro, a una semana del inicio de los Juegos. EFE

El Gobierno de Brasil decidió este viernes desvincularse de la empresa privada que había contratado para la seguridad de las sedes olímpicas y la ha reemplazado con la policía federal y estatal, a tan solo una semana de que comiencen los Juegos Olímpicos.

El ministro de Justicia, Alexandre Moraes, dijo que miembros de la Fuerza Nacional del gobierno federal, junto a policías activos y retirados de Río y otros estados, compondrán el cuerpo de 3.000 agentes para controlar aficionados. También habrá detectores de metales en las sedes olímpicas.

Hace apenas unas semanas que el Gobierno contrató a la relativamente poco conocida empresa de seguridad Artel para llevar a cabo esa tarea. La compañía desplegaría 3.400 guardias, pero Artel dijo al Gobierno días atrás que solo había reclutado 500.

"La compañía será multada por su incompetencia e irresponsabilidad (...) pero los Juegos no van a sufrir daño alguno", dijo Moraes. El funcionario añadió que la principal preocupación vinculada a la seguridad son los delitos contra los visitantes.

Pero el miedo por potenciales ataques terroristas creció después de que Brasil arrestara la semana pasada a varias personas que habrían jurado lealtad al Estado Islámico y supuestamente planeaban llevar a cabo ataques.

El cambio respecto al personal de seguridad de las sedes no tendrá ningún impacto sobre los 85.000 soldados, policías y otros funcionarios de las fuerzas de seguridad que estarán patrullando las calles de Río en un esfuerzo por mantener la paz durante los Juegos, que se extenderán hasta el 21 de agosto. El número representa el doble que los agentes dispuestos en los anteriores Juegos de Londres 2012.

En Brasil se registran más homicidios que en cualquier otro país en términos absolutos, según un informe anual de Naciones Unidas, y Río de Janeiro ha sufrido recientemente un incremento del delito en medio de una recesión económica, un aumento del desempleo y del déficit en los presupuestos de seguridad pública.