El pleno del Consistorio ha dado luz verde, con modificaciones, a una moción planteada por Sí se Puede que buscaba conocer si la Iglesia Católica inscribió, desde el año 1946 y hasta la actualidad, bienes de dominio público sin necesidad de aportar títulos materiales y que reclamaba, en este sentido, recabar esta información del Ministerio de Justicia para elaborar un inventario de esos bienes teniendo en cuenta, ha precisado su portavoz, Charo Chávez, que en algunos casos de produjo un "abuso de derecho" y "apropiaciones indiscriminadas" de bienes en ocasiones mantenidos con fondos públicos.

La moción, que ha sido considerada "una suerte de desamortización que está fuera de la legalidad" por parte de la concejal de Ciudadanos, Pilar Vicente, y necesaria por parte de la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), María Sánchez, quien ha asegurado que se trataba de una práctica "muy dudosamente constitucional", ha sido finalmente aprobada, con mediación del alcalde, Óscar Puente, aunque se acudirá inicialmente al Arzobispado para solicitar esos datos, que el portavoz del PP, Jesús Enríquez, ya había recabado.

Puente, quien ha trasladado sus dudas sobre la posibilidad de que el Ministerio de Justicia cuente con esa información, extremo rebatido por Chávez, quien ha puesto el ejemplo de otros organismos como el Parlamento Vasco, ha buscado consensuar el texto final, que pasa por solicitar esa información al Arzobispado en primera instancia y de acudir a otros registros en caso de no recibirla.

Durante el debate, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha considerado la información "de interés público" y ha esgrimido, como Chávez, el principio de transparencia, mientras que el portavoz del PP ha recordado el carácter público del Registro de la Propiedad y ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene potestad para investigar bienes ajenos.

Además, el pleno celebrado este miércoles, correspondiente al mes de agosto, ha aprobado una moción de C's en la que se instaba a elaborar un estudio sobre las necesidades reales de personal en cada unidad y la carga de trabajo a fin de distribuir a los trabajadores en función de esas necesidades

Asimismo, se ha tenido en cuenta la valoración del trabajo de los empleados municipales esgrimido por VTLP, que ha presentado una enmienda aceptada en la que se solicita a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales que eleven la tasa de reposición en los Presupuestos para 2017 y otra del PP que abogaba, según el edil Alfredo Blanco, por adecuar la estructura de las áreas a las necesidades para, a continuación, vincular a esta la Relación de Puestos de Trabajo, de modo que el Consistorio realizará un diagnóstico de la situación y si, a resultas de ello, fuera necesario, se llevará a cabo una auditoría que el concejal de Hacienda, Antonio Gato, ha defendido fuera externa, extremo rechazado por algunos de los grupos.

Por unanimidad, aunque también modificada, se ha dado luz verde a una moción de Rosalba Fronteriz, de Valladolid Toma la Palabra, en la que defendía la búsqueda de referencias culturales de ciudades con menos recursos para fomentar la interculturalidad por medio de la presentación, por parte de las asociaciones de inmigrantes de Valladolid, de buenas prácticas, creación de relación con otros ayuntamientos con actuaciones de este tipo y la presentación a la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo una propuesta en esta línea.

Tras un debate en el que Chávez ha defendido la obligación de los gestores municipales de favorecer el intercambio cultural así como una enmienda centrada en la reanudación de las relaciones con las ciudades hermanas para establecer un protocolo de actuaciones en distintos ámbitos, la concejal del ramo, Rafi Romero, ha abogado por avanzar y sumar aspectos a lo que ya se está haciendo y ha reconocido "limitaciones económicas".

Por su parte, la concejal 'popular' Rosa Hernández ha creído que la propuesta podría ser "un poco más ambiciosa", por lo que ha defendido la inclusión de tres enmiendas en las que se pide instar a otras asociaciones, ONG, comunidades educativas o miembros de la Red de Embajadores a aprehender de las ciudades con menos recursos buenas prácticas transferibles a Valladolid, articularlas a través de los Consejos Sectoriales o de Participación Ciudadana y diseñar seminarios de buenas prácticas.

MEJORES CONDICIONES PARA LOS CORREDORES

La penúltima de las mociones aprobadas por unanimidad, también enmendada, es de la edil 'popular' Mayte Martínez, quien ha reclamado mejorar las condiciones de la práctica deportiva de corredores mediante la señalización de circuitos, nivelación de terrenos, mejora de la iluminación y fuentes o instalación de gimnasios al aire libre, entre otros.

La propuesta, defendida por todos los grupos, ha incorporado como enmienda de adición (el concejal Alberto Bustos aceptó el cambio de sustitución por adición) la de VTLP en la que comprometía el desarrollo de un plan de mejora de las condiciones de la práctica deportiva enmarcado en el ámbito de mejora y puesta en marcha de instalaciones deportivas gratuitas, entre otros.

Además, ha introducido otras dos de Ciudadanos, una de ellas modificada para instar a los organizadores de carreras y actividades deportivas a tomar medidas que garanticen las buenas condiciones de salud de los participantes.

La última de las mociones aprobadas por unanimidad, defendida por la 'popular' Araceli Valdés, tiene que ver con la creación de una normativa específica para garantizar que todas las áreas que trabajan con menores tengan certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales para sus empleados, trabajadores de empresas subcontratadas, profesionales del Tercer Sector o voluntarios.

La edil del área, Victoria Soto, ha defendido la aplicación de la ley en este sentido y ha rechazado, en un primer momento, la enmienda por entender que conllevaba "poner en entredicho" su cumplimiento, aunque finalmente y tras la insistencia de Valdés en la idoneidad de crear una normativa específica, el alcalde ha propuesto reconocer la labor que se está haciendo y, a la vez, dar instrucciones concretas para garantizar el cumplimiento.

La única moción rechazada ha sido la defendida por el presidente del Grupo Popular, José Antonio Martínez Bermejo, y vinculada a la creación de un bono joven de tarifa plana mensual de Auvasa para jóvenes de entre 13 y 26 años ampliable a 30 años así como su implantación para parados de más de un año de duración y la creación de un bono único de tarifa plana.

Ciudadanos, PSOE, Sí se Puede y Valladolid Toma la Palabra han criticado el momento y la repetición en la presentación de la medida tras 20 años de gobierno del PP y además Gloria Reguero, de Sí se Puede, ha aprovechado para recordar al concejal Luis Vélez que la ausencia de gerente durante nueve meses llevará a pensar que es un puesto innecesario.

En su exposición, Vélez ha reconocido una demora en la elección del nuevo gerente y, tras recordar que en 2017 entrará en vigor un nuevo paquete de tarifas, ha subrayado que el actual equipo de Gobierno ha avanzado más en unos meses que el PP "en 20 años".

"Presentaremos esta moción todas las veces que sea necesario", ha esgrimido Martínez Bermejo, a quien posteriormente se ha dirigido el alcalde para negar la legitimidad que el PP tiene, a su juicio, para realizar determinadas propuestas "cuando durante 20 años han negado sistemáticamente la aplicación de estos criterios". "Decir que no estamos legitimados es atentar contra la propia democracia", le ha respondido el 'popular'.