El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles en el Pleno de Cibeles su primera ordenanza de Transparencia, la primera de España y además el primer texto normativo creado desde cero por Ahora Madrid en el gobierno, llamada a situar a la capital en la "vanguardia" de la transparencia, en palabras del delegado de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Pablo Soto, un texto que incluye un registro obligatorio de lobbies y que pone coto a las 'puertas giratorias". La ordenanza, con hasta ocho acuerdos transaccionales en el Pleno, ha salido adelante con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP.

En cuanto al registro de los grupos de interés habrá que registrarse previamente para mantener reuniones con concejales, titulares de órganos directivos y personal eventual cuando se ejerza actividad de lobby. Será accesible en formato abierto, vinculado con las agendas públicas para fomentar la trazabilidad de las decisiones y respetará escrupulosamente la protección de datos. Se excluirá de él a los ciudadanos que quieran comentar asuntos personales con sus representantes o a las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento.

Las dudas sobre los lobbies han llegado al Pleno de la mano del concejal socialista Ramón Silva, que ha puesto en valor que sea "la primera ordenanza que regula los lobbies en el ámbito local" en un campo caracterizado por la limitación normativa, tanto en el ámbito estatal como autonómico.

El edil ha puesto el acento en la "falta de concreción de los lobbies en el ámbito jurídico" ya que no están claros "los límites" entre los grupos de interés y la actividad de entidades ciudadanas, plataformas o consultorías. "Eso es lo que más tiempo nos ha llevado y donde mantenemos las diferencias", ha explicado. En esta línea, la concejala popular Ana Román ha criticado que la ordenanza no detalla qué se entiende por lobby y ha puesto sobre la mesa que "podría vulnerar el mandato constitucional de los concejales".

Por contra, la edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha opinado que la rendición de cuentas genera "cierta suspicacia en algunos partidos" para añadir, a renglón seguido, que el registro de lobbies es "fundamental para tener transparencia". Pablo Soto ha contestado que el registro de lobbies no es algo que Ahora Madrid se haya sacado de la manga sino que es una realidad en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea o en Cataluña, además de ser considerado "un estándar internacional de transparencia que nadie discute".

El delegado ha puesto el acento tanto en el hecho de que Madrid será el primer Ayuntamiento con el primer registro a nivel local de España y en la necesidad de que sea obligatorio, algo que lo distancia del borrador en el que trabaja la Comunidad. "Un registro de lobbies voluntario se sabe que es inútil", ha aseverado. Está previsto que este registri se integre en los futuros a crear, como el de la Comunidad, para evitar que tenga que hacerse múltiples inscripciones. Además el de la capital incluirá un sistema voluntario de avisos para que a los lobbies se les informe de temáticas concretas de su interés que estén pasando por el trámite de alegaciones.

El Ayuntamiento publicará las dietas de los viajes de los concejales, las respuestas a las alegaciones, todos los informes preceptivos en la tramitación, la actualización mensual de los contratos menores, los datos de la publicidad y comunicación institucional con un nivel máximo de desagregación, el estado de las licencias tramitadas, la gestión de las multas de circulación...

Además se recibirá información sólo con un mail ante la inoperancia del DNI electrónico, aspecto que marca distancias con la Ley estatal de Transparencia. El delegado ha destacado que el CIS apunta que el 96% de la población se queda fuera si sólo se puede acceder a los datos vía DNI electrónico, sin olvidar que el Defensor del Pueblo cree que es un "sistema disuasorio" en lo que a transparencia se refiere. Además la reutilización de la información del Ayuntamiento se hará sin autorización previa, de manera gratuira y con datos en formato abierto.

Tras la aprobación de la ordenanza, los concejales de todos los grupos municipales deberán dar cuenta públicamente de los regalos que reciban por un valor superior de 50 euros, algo que hasta el momento estaban haciendo los ediles de Ahora Madrid. También se deberán comprometer a publicar sus agendas de reuniones, igual que las declaraciones de bienes, que desde este momento deberán añadir la información tributaria personal.

La ordenanza incluye un catálogo de deberes que incorpora un régimen sancionador. Cuando no se cumplan las obligaciones marcadas un comisionado que dependerá del Pleno habilitará un sistema de apercibimientos e incluso propuestas de ceses y multas coercitivas, "que no sanciones", y responsabilidades para los sujetos privados en forma de reintegro de subvenciones e imposición de penas. También incluye la posibilidad de resolver contratos por el incumplimiento de una de las partes en materia de transparencia.

La edil de Ciudadanos, por otro lado, ha defendido que la transparencia es esencial en el momento actual de desafección ciudadana hacia la política. Miranda ha puesto en valor el coto que pone la ordenanza al "indeseable fenómeno de puertas giratorias, tan frecuente en España", además de aplaudir que "se ponga fin a los medios de presión opacos", en relación directa con los lobbies, y que se aprueben íntegramente los acuerdos de juntas de Junta de Gobierno y no el mero enunciado.

La popular Ana Román ha contestado a Pablo Soto que la transparencia es una "obligación legal" sobre la que ya había dado sus primeros pasos el gobierno anterior con el programa de gobierno abierto, algo que ha sido contestado por el delegado poniendo en duda que sea una ordenanza de mínimos cuando, tras 26 años de mayorías absolutas populares, ha tenido que ser una nueva fuerza la que haya sacado adelante esta norma que supera los requisitos de la Ley de Transparencia.

Para el PP, la transparencia es "el mejor antídoto contra la corrupción". Echa en falta que no se hayan aprobado enmiendas presentadas por su grupo como la justificación de las inspecciones que se hacen a los locales, que podría contravenir la protección de datos y la responsabilidad patrimonial; que se incorporase si los concejales están siendo investigados judicialmente o incluir el coste de los servicios. En cuanto a las facturas, Pablo Soto ha replicado que "eso no es transparencia sino una campaña de concienciación de los servicios públicos con ánimo posiblemente de desincentivar su uso".