Si construyó su vivienda sin solicitar los pertinentes permisos municipales. O hizo una pequeña ampliación o reforma para la que creía no necesitarlos. Y lo mismo si optó por habilitar una pequeña balsa en su parcela con la que aliviar el calor estival... puede ser que tenga noticias del Ministerio de Hacienda. Y no de las buenas.

El Catastro, registro dependiente de este ministerio en el que deben inscribirse todo tipo de inmuebles, ha regularizado casi 1,7 millones de estos bienes desde 2013 hasta el pasado 20 de julio, en 4.340 municipios, según datos del gabinete de Cristóbal Montoro.

Se trata de los últimos resultados del Plan de Regularización Catastral (2013-2016), ligado a lucha contra el fraude, que continuará durante todo este año y parte de 2017.

Y lo ha hecho usando las últimas tecnologías. Es decir, enviando drones, aparatos no tripulados, para sobrevolar los municipios e inspeccionar si los inmuebles son exactamente iguales a como figuran en la declaración catastral. En ese proceso han descubierto en en 1,7 millones de construcciones se han hecho modificaciones por las que no se está tributando.

El objetivo de este plan es llegar a la mayoría de municipios. Por el momento, hay 6.331 municipios en regularización. De ellos, se ha finalizado el proceso en 4.154, mientras que en 456 municipios se encuentra en curso y en 1.721 solo se ha iniciado.

La importancia de estas cifras radica en el gran empuje que supone para los ingresos locales. Así, con el inicio del plan se estableció una tasa de 60 euros por cada inmueble que fuera regularizado, a pagar por el titular catastral, que perseguía autofinanciar dicha regularización.

Además, esta regularización ha supuesto automáticamente mayores ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los ayuntamientos. Según los datos de Hacienda, el mayoría de las regularizaciones se corresponden con nuevas construcciones (33%), ampliaciones (31%), reformas y cambios de uso (29%) y piscinas sin declarar (5%).

De esta forma, la recaudación extraordinaria en el IBI por estas regularizaciones asciende a 1.254 millones de euros, un 24% más que lo inicialmente previsto.

En conclusión, por cada euro invertido en el Plan de Regularización Catastral, se han recuperado 16 euros a través del incremento de la recaudación en el IBI.

Por otro lado, el número de inmuebles regularizados en cada municipio equivale al 8,6% de los inmuebles urbanos del padrón y, de media, éste se incrementa un 3% en cada municipio.

Por comunidades autónomas, en términos absolutos, el mayor volumen de inmuebles regularizado se encuentra en Andalucía (373.224), Galicia (213.017), Castilla y León (164.141), Comunidad Valenciana (149.749), Castilla-La Mancha (141.135) y Cataluña (130.115).

Por porcentaje equivalente a inmuebles urbanos del padrón se encuentran Aragón (16,8%), Galicia (15,3%), Castilla-La Mancha (14,2%), Extremadura (13%), Cantabria (11,3%), Baleares (11%) y Castilla y León (10%). Las menores infracciones se han localizado en La Rioja (9.724), Asturias (27.632) y Cantabria (27.800).

Por provincias, el mayor número de regularizaciones se concentra en Lugo (85.289), Málaga (69.926), A Coruña (68.702), Alicante (66.333), Valencia (61.679) y Badajoz (60.702).

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan en un 2 % los ingresos anuales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) provenientes de la recaudación extraordinaria realizada por Hacienda en la regularización del Catastro.

En un comunicado, Gestha señala que los 1,7 millones de inmuebles regularizados, apenas representan el 3,8 % del total de los 42,8 millones que existen en España y resalta que los 1.245 millones obtenidos son el resultado de las liquidaciones del IBI que se han reclamado por los municipios durante los últimos cinco años.

Gestha explica que por territorios, Extremadura es la comunidad en la que porcentualmente se han regularizado más inmuebles respecto al total regional, un 7,2 %, seguida de Galicia y Castilla - La Mancha, con un 6,5 % y un 6,1 %, respectivamente.

En sentido contrario, la Comunidad de Madrid fue la que menos fraude en concepto de IBI ha detectado, con un porcentaje del 1,2 % respecto al total, mientras que en Cataluña y La Rioja supuso el 2,1 % y el 2,25 %, respectivamente.