La titular de Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha procesado al PP por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional de Génova.

Lo ha hecho en un auto por el cual se declara concluida la instrucción y se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, mediante el cual también propone juzgar a la tesorera y gerente, Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director de sistema de información del partido, José Manuel Moreno. A todos les imputa los mismos delitos que al PP.

Con esta decisión la juez cierra la instrucción y da el primer paso para sentar al PP en el banquillo, tras desestimar la petición de archivo que planteó la Fiscalía y el Partido Popular. Se trata de la primera vez que una formación política es procesada.

El Juzgado dará ahora traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de diez días, soliciten el sobreseimiento o la apertura del juicio oral.

Ahora bien, esta resolución puede ser recurrida ante el propio juzgado en caso de que sea de reforma y ante la Audiencia Provincial de Madrid si es de apelación.

La jueza Rosa María Freire entiende que existen indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos "por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito" ya que en la actualidad "no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede".

Pese a que tanto el PP como sus tres responsables investigados afirmaron ante juez que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, la magistrada afirma que "no existe un protocolo interno de seguridad".

Añade que Durán es responsable por "haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese", que Moreno también lo es por "haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello", y que "Navarro conocía sobradamente las circunstancias".

Respecto al delito de encubrimiento, la juez dice que viene determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 5 del Audiencia Nacional.

También, según destaca el auto, "por la determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles usados por él a lo largo de los años de su desempeño como tal pudiesen acceder a la investigación, acordando su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer (...) lo que se almacenaba en su interior".

Sobre las dudas del PP y de la Fiscalía respecto al testimonio de Bárcenas, la juez manifiesta "no apreciar contradicciones palmarias" con relevancia para impedir la continuación del procedimiento.

Es más, afirma que su relato en sede judicial se apreció "coherente, firme y meticuloso"; y que el ejercicio de memoria en su segunda declaración sobre la información que contenían los discos duros "aparece justificada por el tiempo transcurrido y por la necesidad de localizar un soporte en papel en el que decía tenía una relación pormenarizada de sus archivos informáticos (...) y que sorprendentemente para él no pudo localizar".

La causa se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, que acordó el archivo provisional, lo que fue recurrido por las acusaciones.

Pero la causa se perdió y la jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación que tengan, con el fin de reconstruir la causa perdida y dar trámite al recurso.

Cuando la causa fue reconstruida, la jueza dio traslado del recurso para que lo resolviera la Audiencia de Madrid, que acordó el pasado enero reabrir el caso de la destrucción de los discos duros al entender que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna".

Da la casualidad que la responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos fue introducida en la reforma del Código Penal a instancias del entonces ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón, y se aprobó definitivamente en 2014.

El PP recurrirá la decisión de la juez de procesar al partido por el supuesto borrado de los discos duros al considerar que es "abiertamente infundada" y "contraria a derecho" y se basa sólo en "meras acusaciones sin prueba" del extesorero.

Así lo ha anunciado el PP en un comunicado  en el que manifiesta que el auto de la jueza "infringe gravemente" el derecho a la presunción de inocencia de los investigados y habla de una "exclusiva intencionalidad política" que está, añade, "al margen por completo del ámbito de aplicación del derecho penal".

El PP lamenta que el juzgado haya actuado "en contra del criterio de la Fiscalía" al no haber archivado el caso, como habían pedido los investigados. Y justifica su recurso porque considera que el auto de la juez "se basa en la creencia acrítica en las palabras de Bárcenas, que no ha podido acreditar en el procedimiento que los ordenadores contuvieran información de ningún tipo".

"Sus meras acusaciones sin prueba no pueden servir, a juicio del Partido Popular para abrir un proceso penal, máxime cuando ya es sobradamente conocida la absoluta falta de credibilidad de lo que afirma quien ha cambiado sus versiones en muchas ocasiones, con el único objeto de dañar la imagen del PP", continúa el comunicado.

En este sentido, recuerdan desde el PP que "el propio Bárcenas le dijo al juez Ruz que lo que aportaba ante la Audiencia Nacional era todo lo que supuestamente tenía en los ordenadores que en su día utilizó en la sede del partido, aunque después mantenga lo contrario en este procedimiento".

El PP advierte además de la "grave indefensión" que genera sobre los investigados el hecho de que el auto se apoye en las "simples palabras" de Bárcenas, que está encausado en varios procedimientos penales, y "sin la más mínima prueba que las avale".

Una "indefensión" que, insiste el comunicado, es "absolutamente contraria" a uno de los principios "más elementales" en los procesos penales, el de que "es el que acusa quien tiene que probar sus afirmaciones, y no el acusado quien deba probar su inocencia".