El Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de Euskadi colaborarán en la elaboración de un estudio sobre la situación de las cerca de 2.000 personas que viven en la calle o que se alojan en albergues para personas sin hogar de la Comunidad Autónoma.

El protocolo de colaboración ha sido firmado este martes en Vitoria por el Ejecutivo autonómico, los Gobiernos forales de los tres territorios históricos, los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y de la capital alavesa, y la asociación de municipios Eudel, según ha informado el propio Gobierno vasco en un comunicado.

En 2014, un recuento nocturno promovido por el Gobierno y diez de los principales municipios de Euskadi identificó a 1.836 personas en situación de exclusión residencial grave. Un grupo de 323 pernoctaban en la calle y otras 1.513 personas se alojaban en algún recurso residencial público para personas sin hogar.

De todas las personas contabilizadas, 297 fueron localizadas en Álava (el 16,2 por ciento), 904 en Bizkaia el (49,2 por ciento) y 635 en Gipuzkoa (el 34,6 por ciento).

EN AUMENTO

El Ejecutivo autonómico ha explicado que el fenómeno de la exclusión residencial grave "es una realidad que va en aumento en todo el mundo", pese a lo que apenas existen estudios específicos sobre las características sociodemográficas de las personas afectadas por este fenómeno.

Esto dificulta la labor de las instituciones para abordar este problema. Con el fin de resolver esta situación, las principales instituciones de Euskadi profundizarán en el estudio sobre este fenómeno, a través de un protocolo al que pueden adherirse los ayuntamientos que así lo deseen.

CONTENIDOS

El acuerdo permitirá establecer el contenido de las actividades que se desarrollarán a corto, medio y largo plazo. El protocolo establece que este año, y en adelante cada dos años, se celebrarán recuentos de personas en situación de exclusión residencial grave en los municipios interesados.

En 2017, y en los años impares sucesivos, se elaborará el informe de resultados del recuento para su posterior presentación en el marco de unas jornadas monográficas sobre exclusión residencial.

Las instituciones firmantes se comprometen a aportar los recursos técnicos, económicos o materiales necesarios para el desempeño de las actividades. Los ayuntamientos destinarán recursos técnicos y personales para la realización del recuento de personas en situación de exclusión residencial grave en sus respectivos términos municipales.

A su vez, las diputaciones facilitarán el acceso a los centros y recursos que gestionen directa o indirectamente a las personas responsables de la realización del recuento, así como a los datos estadísticos o de gestión necesarios para realizar las investigaciones que contempla el acuerdo.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco realizará o financiará un informe de resultados y la organización de las jornadas monográficas de presentación. Eudel facilitará la coordinación y la transmisión de información entre los ayuntamientos que participen en las actividades cubiertas por este protocolo.