Por un lado, la consejera del ramo, Pilar Blanco-Morales, comparecía ante el hemiciclo, a petición del Grupo Popular, para explicar el último Plan Económico Financiero presentado por la Junta ante el departamento de Cristóbal Montoro para poder acceder a los mecanismo extraordinarios de financiación autonómica, en este caso el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La comparecencia fue solicitada después de que los 'populares' sospecharan que dicho plan contenía algunos recortes en inversiones, que cifraban en más de 200 millones, sobre los cuáles querían conocer las explicaciones de la consejera.

Sin embargo, el calendario situó su paso por la Cámara autonómica justo un día después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalara tras estudiar las medidas propuestas por el Ejecutivo de Fernández Vara para contener las cuentas regionales, que es "muy improbable" que Extremadura cumpla con el objetivo de déficit del 0,7% del PIB para 2016.

Esta cuestión centró una comparecencia en la que la responsable de las cuentas autonómicas volvió a reiterar que la Junta no asumirá nuevos recortes que afecten a los servicios básicos, es decir, a la sanidad, la educación y las políticas sociales.

"En ningún caso colocaremos el cumplimiento de los objetivos de déficit injustos e inequitativos por encima de las personas", fue la advertencia lanzada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien cifró en torno a 250 millones el ajuste necesario para contentar al Gobierno central, a quien le pide más flexibilidad y más tiempo para reequilibrar las cuentas sin perjudicar a los ciudadanos.

La mandataria extremeña expuso que el Gobierno es "insolidario" con las Comunidades Autónomas al exigir unos objetivos de déficit más rigurosos que los que se aplica a sí mismo, y que en cualquier caso tampoco cumple, lo cual ha situado a España frente a una posible sanción de la Unión Europea que podría afectar a la llegada de fondos de los programas comunitarios europeos.

Y es que según Blanco-Morales el Gobierno central es el máximo responsable de la "extrema gravedad" de la situación en la que se encuentra el país en materia de equilibrio presupuestario, tras cinco años de incumplimientos y después de "esquilmar" la hucha de las pensiones que dejó "llena" el anterior ejecutivo socialista, además de situar la deuda pública del país en su máximo nivel histórico.

Durante el transcurso del debate se puso de manifiesto que los grupos parlamentarios mantienen intacto su interés por consensuar una única voz de cara a la futura negociación del modelo de financiación autonómica, una de las cuestiones que deberá afrontar el futuro Gobierno que pueda formarse tras las elecciones del 26 de junio.

Sin embargo, no fueron pocos los reproches que los grupos de la oposición lanzaron contra la gestión de las cuentas autonómicas durante el primer año de mandato del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara.

El más duro fue el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien recriminó a Blanco-Morales que acudiese a la Asamblea con la intención de responsabilizar al Gobierno de Mariano Rajoy en lugar de explicar las medidas que tiene previstas la Junta para reequilibrar las finanzas de la comunidad.

Asimismo, destacó que Rajoy ha ayudado "una y otra vez a Extremadura", confiando en sus planes económicos y transfiriendo a la comunidad hasta 408 millones procedentes del FLA para cuadrar las cuentas regionales, así como elevando el objetivo de déficit para el presente ejercicio del 0,3% inicial al 0,7% del PIB.

Además, subrayó que el informe de la AIReF es "demoledor" con la Junta, porque "no solo les suspendió en junio", sino que ahora "les patea y les pone un muy deficiente", por lo que ha pedido una "reacción" del Ejecutivo de Vara para lograr el aprobado en septiembre.

La diputada de Podemos Jara Romero ha insistido en esta idea, y ha señalado a la consejera que "lo adorne como lo adorne", en referencia al informe de la AIReF, la nota que da a Extremadura "es un suspenso"; mientras que la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, lo "importante" no es discutir "si son galgos o podencos", sino que se diga "de una vez" si el PEF va a suponer cambios para los extremeños, por ejemplo, como la modificación de los horarios comerciales.

HORARIOS COMERCIALES

Y es que precisamente esta cuestión motivó un nuevo cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición. José Antonio Monago, en una pregunta al jefe del Ejecutivo regional, advertía del "giro" y la contradicción de la Junta en esta materia, ya que el PEF incluye la flexibilización de horarios comerciales entre los compromisos para acceder al FLA.

Al respecto, Vara ha ofrecido "un amplio consenso" sobre la Ley de Comercio, "en el sentido de poder elevar algunos festivos más", siempre que sea "al margen de esa gran mentira que representó lo de las zonas de afluencia turística".

En otra pregunta, en este caso de Podemos, Fernández Vara ha animado a la formación morada a sumarse a la Estrategia de Economía Verde que propuso la semana anterior durante el Debate sobre la Política General de la Junta ya que, según ha dicho, "no es un proyecto de gobierno ni de partido", sino que "es un proyecto de región".

La sesión plenaria culminó con algunos acuerdos, entre ellas una propuesta de Podemos por la que se insta la Junta a poner en marcha un "plan objetivo cero accidentes laborales"; una propuesta de resolución, registrada por Ciudadanos, para reclamar al Gobierno la creación de siete nuevos juzgados en la comunidad autónoma; y otra del PP por la que se pide al Ejecutivo regional que cumpla "íntegramente" las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la despoblación en Extremadura.

Al margen del Pleno, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, participa este fin de semana en el Plenario de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa), celebrado en Oviedo.

En un ámbito más social, la Asamblea se ha comprometido esta semana a editar la versión de "lectura fácil" del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, con lo que se pretende que el texto "sea más comprensivo y accesible a personas con dificultades cognitivas y de compresión".

Se trata de un compromiso adquirido por la presidenta de la Cámara autonómica en un encuentro en su despacho con director gerente de Plena Inclusión Extremadura, Sebastián González, y otros miembros del colectivo.