El tribunal del caso Gescartera ha rechazado este lunes la imputación de varios altos cargos de la CNMV y del Gobierno en 2001 por "delitos de estafa o de fraude", tal y como pedían ante la Audiencia Nacional casi la mitad de las acusaciones populares y particulares personadas en el caso Gescartera.

En la tercera sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros, la juez Carmen González Campos, que preside la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha hecho público el fallo de la Audiencia Nacional sobre las cuestiones previas del juicio oral.

Por tanto, la Audiencia Nacional no ha dado luz verde a las solicitudes de algunas defensas y acusaciones para que se anule la apertura del juicio oral decidida, hace dos años, por la juez de instrucción Teresa Palacios.

Las financieras

El escándalo afectó a varias instituciones financieras y entidades reguladoras, sobre todo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) . Tanto su presidenta, Pilar Valiente, como su vicepresidente, Luis Ramallo, estuvieron de una u otra manera salpicados por el caso.

La primera como responsable de la entidad que vigila a las sociedades inversoras y que no encontró ningún signo de irregularidad en ninguna de las inspecciones que realizó a Gescartera. El segundo actuó como en varias ocasiones como notario de la sociedad. Ambos dimitieron y la Fiscalía les investigó por un delito de cohecho.

Además, en el sumario figuran como responsables civiles subsidiarios Caja Madrid Bolsa y La Caixa. Otras acusaciones han reclamado la responsabilidad de los bancos HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, relacionados con las operaciones financieras de la sociedad de valores.