Según ha explicado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en declaraciones a Europa Press, la decisión del Gobierno "da respuesta a un clamor social, que en los últimos días se había hecho patente a través de las peticiones del tejido asociativo, la ciudadanía, los partidos políticos y las propias instituciones". De hecho, tanto la Junta de Andalucía como el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) habían reclamado este indulto.
Para la consejera, esta decisión social "debe suponer un antes y un después en la protección de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género", que son también víctimas directas, y que por tanto "deben ser protegidas por encima de los derechos del agresor".
En este sentido, Sánchez Rubio ha recordado que "ahora más que nunca se hace necesaria la adhesión del Gobierno central a la propuesta andaluza de pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género, que incluye entre las medidas urgentes la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores".
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