Fátima Bánez
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. EFE

El Gobierno ha negado este viernes que casi 30.000 fallecidos hayan cobrado una pensión en 2014, tal y como se refleja en un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas.

En el informe (concretamente en la página 33 del mismo) figura tanto el número de perceptores de las pensiones estando fallecidos, 29.321, como el importe girado por la Seguridad Social, que supera los 25 millones de euros, según el Alto Tribunal, que ha detectado que figuran de alta para cobrar la pensión... pero constan como fallecidos en la base de datos del INE. "De los mencionados 29.321 pensionistas que figuraban con el mismo DNI en la nómina de diciembre de 2014, seguían en la de octubre de 2015 un total de 27.860", añade el Tribunal.

"De forma clara y rotunda tal afirmación no se corresponde con la realidad", ha asegurado este viernes el Ministerio de Empleo en un comunicado. "La Seguridad Social sigue un procedimiento conocido y exhaustivo para controlar la vivencia de los pensionistas".

Según el Gobierno, el control de defunciones se lleva a cabo por cuatro vías: 1) el intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia, 2) el intercambio mensual de datos de defunciones con el Instituto Nacional de Estadística; 3) la detección de fallecimientos por las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); y 4), la presentación anual preceptiva de fe de vida para los residentes en el extranjero

A través de estos métodos, el Gobierno asegura que del total de defunciones producidas en España en 2014 (395.830), el 95% de las mismas fueron comunicadas por el Ministerio de Justicia al INSS a través del intercambio electrónico diario con un desfase inferior a seis días entre la fecha de la defunción y la fecha de la comunicación.

"El 5% restante se detecta a través del INE así como a través el resto de procedimientos citados anteriormente", matiza el Ejecutivo, que dice que con este procedimiento, "el riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario de pensión es prácticamente nulo o inexistente".

¿Y el banco? Según el procedimiento, cuando la Seguridad Social verifica el fallecimiento de un pensionista, se lo comunica a la Tesorería General y esta, a su vez, a la entidad financiera para que suspenda el abono. En los supuestos en que se hubiese efectuado uno o más pagos tras el fallecimiento, se inicia el procedimiento de retrocesión bancaria para que la entidad devuelva a la Seguridad Social la cantidad pagada indebidamente.