El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado en dos ocasiones una petición del Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, para que dote de documentación a los inmigrantes irregulares que no se puede expulsar, según informa Jorge A. Rodríguez en el diario El País .

En esta situación se encuentran miles de inmigrantes que han entrado en España de manera irregular y a los que no se puede expulsar porque no se conoce su país de origen.

De esta manera, después de pasar 40 días en los centros de internamiento para extranjeros, son liberados y se quedan en España, sin más documentación que una resolución administrativa de expulsión, que no les permite ni trabajar ni regularizarse.

El Gobierno argumenta que si adopta esta medida estará convertiría a estos extranjeros en 'residentes' y animaría a las mafias que trafican con personas. El Defensor del Pueblo, por su parte, cree que la medida es una buena alternativa a la situación actual.